Injusticia para los vulnerables

Alguien en el Órgano de Administración Judicial tendría que ofrecer una explicación clara, concreta e irrebatible, sobre el despido de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública que se concretó el último día de junio mientras todos pensaban en el juego de México contra Ecuador. La función de las personas cesadas era realizar investigaciones socioeconómicas y elaborar dictámenes sobre las condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden a la figura de la Defensoría Pública porque no pueden pagarse un abogado privado. En los hechos, el trabajo de las 43 despedidas servía para respaldar el acceso a la debida defensa de, entre otros, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, indígenas y adultos mayores con medios de subsistencia limitadísimos. El despido masivo implica colocar a todos ellos, integrantes de grupos vulnerables, en condiciones de mayor vulnerabilidad. Se supone que la Reforma Judicial buscaba llevar justicia precisamente a quienes carecen de medios para pagarse una defensa adecuada, pero debilitar la función de la Defensoría Pública va en contra de ese objetivo. Si en el Órgano de Administración Judicial no alcanzan a ver esto, es tiempo de que algún ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia tome el asunto en sus manos para visibilizarlo.