Inspecciones bajo sospecha

La estrategia del gobierno de Samuel García para contener las denuncias por extorsión mediante capacitaciones sobre falsos inspectores llega cuando el problema ya escaló a otro nivel. Las principales cámaras empresariales de Nuevo León —Canaco, Caintra y Coparmex— llevan meses documentando inconformidades por inspecciones, clausuras y procedimientos que consideran discrecionales, mientras el caso Matrimar continúa siendo el referente obligado cada vez que se cuestiona el ejercicio de las facultades de verificación.

Las cifras oficiales hablan de 1,157 inspecciones ambientales durante 2025, con 370 suspensiones y ocho clausuras, además de la puesta en marcha del programa Cero Clausuras, pero el desafío dejó de ser operativo para convertirse en uno de credibilidad. En el círculo cercano del gobernador saben que el costo está en la percepción que éstas generan entre el empresariado. Y recuperar esa confianza será mucho más complejo que desplegar inspectores mejor identificados.