Es imperdonable que existan invasores que, al amparo de los vacíos legales, ya no respetan ni colonias, ni derechos, ni el esfuerzo de toda una vida. Lo que antes era un azote reservado a las periferias olvidadas —donde la justicia llega tarde o nunca—, ha irrumpido con saña en una de las alcaldías más consolidadas de la Ciudad de México. Benito Juárez, sinónimo de esfuerzo, propiedad y clase media, registra hoy 133 carpetas de investigación por despojo solo entre enero y junio de 2026: una cada 33 horas. La colonia Del Valle, con intentos de invasión como el de Cerrada Matías Romero 18 —donde una mujer forzó chapas y fue liberada pese a las evidencias—, ya no es la excepción. Es la nueva norma.
Esto no es casualidad ni una oleada espontánea. Grupos organizados operan con falsos documentos, lanzamientos simulados y violencia descarada, como ocurrió en Antillas 805, en Portales, donde decenas de personas derribaron portones, golpearon a familias y expulsaron a sus dueños legítimos. Las víctimas acreditan su propiedad con escrituras y denuncias, pero chocan contra la lentitud ministerial, las liberaciones exprés de ocupantes y un laberinto judicial que favorece al delincuente. Mientras tanto, el Gabinete Contra Despojos recupera algunos inmuebles en operativos mediáticos, pero la impunidad persiste y las mafias siguen activas.
Históricamente, las invasiones masivas fueron un arma de organizaciones ligadas al clientelismo político en zonas marginadas. En Benito Juárez, el PAN gobernó por décadas y vio crecer el “cártel inmobiliario” de funcionarios que autorizaron irregularidades a cambio de sobornos. Hoy el despojo no tiene partido único: explota vacíos legales, notarios corruptos y una justicia complaciente. El resultado es el mismo: ciudadanos de bien despojados mientras las autoridades fallan en proteger lo más elemental.
La legislación es tibia. Aunque se elevaron las penas hasta 11 años, la realidad es desoladora: denuncias que duermen años, desalojos eternos y víctimas abandonadas a su suerte. Adultos mayores, familias enteras y herederos —como los del caso de Martín Mendalde 928, relacionado con muralistas—, ven cómo su patrimonio se esfuma ante la inacción. Poco apoyo real, mucha burocracia y cero contundencia. Eso genera desesperación, no soluciones.
El caso de doña Carlota en Chalco lo resume todo con crudeza: una abuela terminó procesada —primero en prisión y luego en arresto domiciliario—, por defender con desesperación una propiedad familiar ante invasores. ¿Justo? No. Es indignante. Mientras los despojadores caminan libres o enfrentan juicios eternos, quien defiende lo suyo paga con cárcel. Su historia no promueve la violencia, pero denuncia un Estado ausente que criminaliza a la víctima y mima al agresor. En Benito Juárez muchos se ven reflejados: ¿cuántos más tendrán que llegar al límite antes de que las instituciones despierten?
Este despojo no roba solo casas: destruye confianza, esfuerzo y tejido social. Cuando una alcaldía “ordenada” requiere bloqueos en Coyoacán para ser escuchada, el sistema ha colapsado. Basta de tibieza por parte de la alcaldía, la Jefatura de Gobierno y las autoridades federales. Urgen desalojos inmediatos, persecución implacable de las redes y sus cómplices (notarios, actuarios y funcionarios), reformas que prioricen la restitución inmediata —y no en años—, y sanciones ejemplares. El Estado debe elegir: o defiende la propiedad privada —pilar de cualquier sociedad civilizada— o admite que protege al invasor.
No más. Los dueños legítimos no son los culpables por exigir lo suyo. Porque cuando el techo propio ya no es seguro, la ciudad entera se vuelve inhabitable. Es momento de actuar con firmeza, antes de que el despojo termine devorando lo poco que queda de certeza en este país. La dignidad urbana se defiende con hechos, no con comunicados.
