A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Ecuador, el país vive una ola de violencia sin precedentes. Hasta el momento, suman tres los políticos que han sido asesinados en las últimas cuatro semanas: Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta el 26 de julio; Fernando Villavicencio, candidato presidencial el 9 de agosto, y Pedro Briones, organizador del partido Revolución Ciudadana esta semana.
De acuerdo con los primeros reportes, el también director parroquial de San Mateo fue atacado a balazos cuando se encontraba en la entrada de su domicilio, ubicado en la provincia de Esmeraldas.
A los asesinatos de líderes políticos se suman otros crímenes como los ataques a funcionarios y medios de comunicación.
En este contexto, el Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) estimó que este año, el país tendrá los niveles más significativos de violencia política.
Entre los principales motivos de este fenómeno, se cuentan los altos niveles de impunidad y corrupción. Desde el inicio de la gestión de Guillermo Lasso, en mayo del 2021, las pandillas criminales han aumentado su actividad.
El panorama de inseguridad ha permitido la incursión de organizaciones delictivas de otros países como México y Colombia. Y según lo dicho por la ACLED, “el país está situado entre los mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, y ofrece un centro comercial atractivo para el negocio de las drogas”. La violencia derivada de este delito ha influido en otras esferas de la vida pública, involucrando tanto a líderes políticos como funcionarios y civiles.
De esta forma, y tan solo durante el año pasado, se contabilizaron al menos 36 eventos violentos contra funcionarios electos, trabajadores del gobierno, candidatos y sus familiares. Una cifra significativa si se toma en cuenta que entre 2018 y 2021 el total fue de siete delitos.
El Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados detalló que los principales responsables tanto de los asesinatos como de la inseguridad en general son los miembros del crimen organizado, quienes han visto en las elecciones una herramienta para influir en el gobierno.
Entre las consecuencias, señala la organización, se encuentra la posibilidad de que se establezca un gobierno de “mano dura”, lo que podría representar una amenaza a los derechos humanos, como ya se ha visto en El Salvador.
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