Diputados del Congreso de la Ciudad de México presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Comisión de Derechos Humanos por hechos que se volvieron virales en los últimos días y que involucran maltrato y discriminación animal.
Se trata del asesinato de un perro por parte de personas que laboran en el restaurante “El buen gusto” en la alcaldía Tlalpan, cuyo video circulado ampliamente en redes sociales muestra el maltrato hacia el animal con palos y tubos.
Por este suceso, los diputados Daniela Álvarez Camacho, Rayfid Torres y Federico Döring interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de los propietarios y personas trabajadoras del establecimiento ubicado en la carretera Picaho Ajusco.
Los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, cuando dos sujetos golpearon a un perro con palos y tubos, denuncia que se hizo viral gracias a su difusión en redes sociales.
Si bien los dueños del establecimiento han rechazado que se haya incurrido en actos de tortura, indicaron los diputados en un comunicado, los videos “muestran a dos varones agrediendo al can, escuchando sus aullidos ante el maltrato”.
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En una segunda acción emprendida por los diputados capitalinos, se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México luego de que, el 13 de octubre, se impidió el acceso al Metro a un grupo de entrenadores y a los animales de compañía que adiestran.
De acuerdo con los diputados este hecho ocurrió en la Línea 7 del Metro cuando personal del Metro impidió el ingreso a las instalaciones a adiestradores de la asociación Owen.care, que contribuye al bienestar, independencia, movilidad y autoestima de personas con discapacidad desde hace más de 10 años.
Fue también a través de videos publicados en redes sociales que se denunció que los adiestradores fueron escoltados hacia fuera de las instalaciones del Metro luego de que se les permitiera el acceso.
Por ello, se solicitó a la Comisión de Derechos Humanos capitalina realizar recomendaciones correspondientes por actos violatorios de derechos humanos, pues en su actuación el personal de la policía Bancaria e Industrial dejó ver falta de capacitación y conocimiento para aplicar protocolos. CJG
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