El próximo jueves podría determinarse la invalidez de la ley con la que la administración de Enrique Peña Nieto pretendía proteger a las Fuerzas Armadas al intervenir en asuntos de seguridad interior.. Hsta el momento, ningún ministro ha apoyado hasta ahora el proyecto de Jorge Pardo, que reconoce la facultad del Congreso para expedir esta ley. Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar , Norma Piña, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez, se pronunciaron por la inconstitucionalidad del Ley de Seguridad. Solo necesitarían dos votos más para lograrlo. Será hasta el próximo jueves cuando terminen por pronunciarse: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, José Fernando Franco González, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Luna Ramos. Medina Mora aseguró que la ley podría perpetuar el incentivo para que las autoridades civiles sigan evadiendo su responsabilidad de construir un entramado institucional sólido de seguridad pública. En tanto, Laynez explicó que la ley hace en realidad es regular funciones de seguridad pública por parte del ejército. El el precedente 1/96 no es aplicable. “La Ley crea un régimen permanente”. “Que intervengan en ello no es inconstitucional. Lo que sí es inconstitucional es la Ley que pretender normalizar lo que debe ser excepcional, no permanente”, sostuvo. En su exposición, Arturo Zaldívar calificó a la ley de fraude a la Constitución, porque dice regular la seguridad interior, pero en la realidad norma la seguridad pública, que es una función prevista para autoridades civiles de los tres órdenes de Gobierno en el artículo 21 de la Constitución. “En lo mas minino quiero desconocer el trabajo que las Fuerzas Armadas han realizado en bien del Estado Mexicano”, justificó Zaldívar, al urgir a las autoridades civiles a hacer lo que les toca para tener policías bien preparadas. Pérez Dayán coincidió en varios puntos del proyecto, sin embargo, sostiene que el Congreso carece de facultades para expedir una ley sobre seguridad interior, “y eso basta para considerarla inválida en su totalidad”. La Ministra Piña argumentó sobre la forma en que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dispensó todos los trámites y, de un día para otro, impuso la aprobación de la ley, cuyo dictamen fue conocido minutos antes de la sesión por la mayoría de los legisladores.
Cossío sostiene que la ley de seguridad vulnera la constitución doblemente: transgrede la división de poderes y supuestos que restringen uso del Ejército.
“O hay declaración de guerra, o hay suspensión de garantías o los militares deben guardarse”, sostuvo.RB