La Fiscalía General de Uruguay solicitó el procesamiento judicial y prisión de cinco personas —dos mexicanos y tres uruguayos— por presuntos vínculos con “Los Cuinis” y delitos relacionados con el lavado de dinero.
El principal implicado Gerardo González Valencia, la fiscalía lo reconoce con las iniciales G.G.V., es buscado por las autoridades de Estados Unidos por delitos de narcotráfico asociados al cártel “Los Cuinis”.
G.G.V. es hermano del líder de dicho grupo delictivo, Abigael González Valencia, según afirma el dictamen de la fiscal uruguaya María de los Ángeles Camiño, del juzgado especializado en crimen organizado.
El principal acusado y su esposa, W. D. A. A., ambos de origen mexicano y quienes vivían en la localidad uruguaya de Punta del Este desde 2011, estarían vinculados al narcotráfico “por apoyar los servicios financieros de la organización de narcos llamados Los Cuinis. También estarían vinculados al cártel llamado Jalisco Nueva Generación”, señala el escrito difundido el sábado por la Fiscalía General de Uruguay.
La fiscalía solicitó el procesamiento judicial y prisión de G.G.V. y su suegro, también con antecedentes por narcotráfico y condenado por este delito en México, por delitos de lavado de activos. También solicita el procesamiento de tres uruguayos: un matrimonio que trabajaba como personal doméstico del acusado y una tercera persona que le ayudaba a cambiar dinero, bajo cargos de asistencia de lavado de activos.
La solicitud de procesamiento judicial se produce en el marco de una investigación de más de un año y por la que fueron detenidas 11 personas el jueves en Uruguay. Seis de ellos fueron puestos en libertad mientras continúan las investigaciones, señaló la fiscal.
Las autoridades uruguayas aceleraron el operativo ante el temor de que G.G.V., cuyo nombre apareció vinculado a empresas en el extranjero en la recién filtración periodística de los llamados Papeles de Panamá, abandonara próximamente el país.
“Dentro de la modalidad de inversión de dinero proveniente del narcotráfico está la creación de sociedades anónimas, en este caso panameñas, adquiridas al estudio Mossack & Fonseca, en las cuales aparecía con alguna forma de participación: W. D. A. A.”, afirmó la fiscal en su escrito.
A nombre de esta sociedad, y otras dos vinculadas a la esposa del apresado, se habrían comprado importantes propiedades en el lujoso balneario uruguayo Punta del Este, por valor de más de 2 millones de dólares y números vehículos, alguno de los cuales estaban a nombre del matrimonio uruguayo, que realizaban también tareas domésticas y de jardinería.