Llama Iglesia a una gran movilización por la paz

La iglesia católica en México decidió no atrincherarse en los templos ante “la violencia criminal de los últimos años que ha superado los límites de toda tolerancia humana”, y sin repique de campanas ha llamado a una movilización social por la paz que pone en jaque al Estado. En tan sólo 10 meses, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, además de universidades y académicos, la Iglesia católica demostró el músculo que tiene en México.

El detonante de la movilización de creyentes fueron los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como de los laicos Pedro Palma y Paul Berreza en el municipio de Cerocahui, Chihuahua el 22 de junio del 2022.

La Iglesia católica es la única institución que tiene una infraestructura con presencia en todas las comunidades del país, y fueron estas bases de fieles cansados de “la indolencia y la ineficacia de las autoridades”, ante la crisis de inseguridad que se vive, quienes acudieron al llamado de la Compañía de Jesús, de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Conferencia de Religiosos y Superiores en México.

Acudieron de todos los rincones

Las cifras son contundentes: en 2007 la tasa de homicidios era de ocho por cada 100 mil habitantes, en los siguientes años se triplicó llegando a una tasa de 29 por 100 mil.

Actualmente cada día son asesinadas en el país 92 personas y hay 26 desapariciones, de estas 11 son mujeres. Pero fue en 2008, cuando comenzó la denominada guerra contra el narco inició una tendencia al incremento de la violencia en el país, que no ha logrado ser contenida.

En los mil dos conversatorios por la Paz realizados en 20 estados, en los cuales participaron 14 mil 105 personas, se mostró el sentir de las comunidades ante la situación de violencia del país.

Y en los 50 Foros Justicia y Seguridad en 32 estados a los que asistieron un total de cuatro mil 716 personas se “recuperaron las buenas prácticas en seguridad, justicia y tejido social”.

Así convencidos de que no hay soluciones fáciles para construir la paz y vencer las dinámicas de la violencia y destrucción del tejido social, se llegó al Diálogo Nacional por la Paz realizado del 21 al 23 de septiembre donde se reunieron mil 300 personas en la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Los asistentes, en su mayoría católicos comprometidos con el activismo en defensa de los derechos humanos y la opción preferencial por los pobres, plantearon convencidos de que la participación ciudadana es la clave para la construcción de la paz y la justicia.

Sacerdotes y religiosas responsables de la pastoral social, de atención a migrantes, a personas con problemas de adicción, de defensa de los derechos humanos y que dan acompañamiento a colectivos de víctimas encontraron un espacio para alzar la voz y denunciar el miedo que se vive en sus comunidades.

Pero entonces, en un hecho histórico, la crisis de violencia en la que se encuentra México logró unificar a sectores de la jerarquía católica con movimientos de la iglesia que realizan sus actividades sociales muchas veces desarticulados.

“Nunca han escuchado”

Uno de los momentos de reflexión se dio en la participación de la religiosa Liliana Franco Echeverri presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) quién preguntó ¿A quién no ha salpicado la violencia?. Entonces invitó a los asistentes a nombrar a sus familiares víctimas de la violencia, tan solo unos segundos de silencio y se empezaron a escuchar nombres de las víctimas.

Para avalar los análisis y acuerdos de los conversatorios, los foros y el Diálogo Nacional participaron obispos y arzobispos de todo el país, tan sólo al diálogo asistieron 40 jerarcas católicos.

Entre ellos los obispos Sigifredo Noriega Barceló de Zacatecas, Luis Artemio Flores Calzada de Tepic, Cristóbal Ascencio García, Apatzingán, Francisco Eduardo Cervantes Merino de Orizaba, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas de Cancún-Chetumal, Rodrigo Aguilar Martínez de San Cristóbal de las Casas, Ramón Castro de Cuernavaca, así como los arzobispos Rogelio Cabrera de Monterrey, Carlos Garfías de Morelia, Jorge Carlos Patrón Wong de Jalapa entre otros donde el crimen organizado domina territorios.

También asistieron personajes relevantes de la opción preferencial por los pobres como

la religiosa Socorro Martínez Maqueo coordinadora de la Articulación Continental de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s) y organizadora del foro alterno crítico a la 5ª reunión del Consejo Latinoamericano Episcopal en Aparecida, Brasil, reunión del CELAM a la que asistió el Papa Benedicto XVI en 2007.

Y de parte del gobierno federal nadie asistió, porque no se invitó. La razón, “nunca ha escuchado, nunca ha abierto las puertas, nunca ha estado en diálogo, no ha sido cercano a las víctimas, nunca las ha escuchado”, apuntó el sacerdote Mario Ángel Flores responsable del Observatorio Nacional de la CEM.

Normalizar la violencia

Del resultado de los conversatorios y foros, se elaboró una Agenda Nacional por la Paz de la mano de la sociedad civil organizada, iglesias, académicos, colectivos de víctimas de la violencia, comunidades indígenas, jóvenes, mujeres, migrantes y algunos presidentes y policías municipales.

En esa agenda se precisa que para lograr la paz se necesita atender tres elementos: tejido social, justicia y seguridad desde lo local donde las comunidades se involucren en los procesos de paz.

›Durante los foros se constató la existencia de municipios y barrios que han estado viviendo con violencia extrema, teniendo una generación que nació, creció y se desarrolla en este contexto como única alternativa de vida. “Con tantos años de violencia ya no sentimos la carga que traemos”, se dijo en el Foro de Ciudad Juárez.

“La agresión, el maltrato, la crueldad, el acoso, la humillación e incluso el homicidio se han normalizado y se comparten en redes sociales, viralizándolos como parte de los eventos cotidianos” subrayan en la Agenda.

Se planteó un diagnóstico integral sobre el sistema de seguridad y justicia del país, abordando la situación de las instituciones federales y locales, las policías civiles y el uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública; el colapso del sistema penitenciario y el modelo punitivo de justicia.

En el fondo de todo esto se visibiliza una profunda desarticulación de las instituciones de seguridad pública y justicia, que es al mismo tiempo causa y efecto del fracaso del gran sistema que integran.

Un tema preocupante señalado en los foros fue el uso de las drogas, pues desde las comunidades se percibe una preocupación por el aumento en el uso de éstas por parte de los jóvenes con repercusiones violentas en sus interacciones con las familias, la escuela y la comunidad.

Los foros alertaron que las escuelas son espacios de iniciación en el uso de las drogas desde edades cada vez más tempranas, la búsqueda de pertenencia y vulnerabilidad psicológica es aprovechada por el crimen organizado.

En la segunda parte de la agenda se pregunta ¿Hacia dónde queremos ir? Ahí se

plantea un cambio profundo de conciencia, transitando de una cultura de violencia hacia una cultura de cuidado; recuperando el valor de la vida, la dignidad humana y la fraternidad.

Además, se propone la construcción de nuevos horizontes que estén basados en la solidaridad comunitaria y el restablecimiento de lazos de confianza y colaboración, tanto de las personas entre sí, como de ellas con sus instituciones.

A todos los candidatos

En los tres días del Diálogo Nacional por la Paz los cerca de mil 300 asistentes sostuvieron encuentros con especialistas, colectivos de víctimas, comunidades indígenas, activistas, policías y autoridades municipales que han sostenido bajos índices delictivos en México.

Al presentar estos programas exitosos en donde la coordinación de autoridades estatales, municipales y la ciudadanía han logrado disminuir la inseguridad, se manifestó que las comunidades

tienen métodos restaurativos eficaces que son poco conocidos.

Aquí unos ejemplos: Vicente Ramírez García, director general de Seguridad Ciudadana en Nezahualcóyotl, detalló que en el municipio se estableció una estrategia de proximidad avanzada, con redes vecinales. Hay una en cada manzana, son redes vivas y activas que reciben denuncias, quejas o peticiones. Con ello se amplía la mirada, ya no sólo son los policías, son ciudadanos; esa es la proximidad social que los ciudadanos se involucren en temas de gobierno y de la policía.

José Doria Mata, secretario de seguridad pública de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, dijo que también se apostó por integrar a la sociedad a las labores de vigilancia con

comités y chats de seguridad, por lo que los cuerpos de vigilancia tienen sus “halcones

buenos en calle”. Todo acompañado de tecnología que ayuda, pues hay un sistema de cámaras inteligentes con software detectores de placas y reconocimiento facial.

Miriam Soto, presidenta municipal de Meoqui, Chihuahua, expuso que implementó un programa para el fortalecimiento del tejido social, promueve la cercanía entre la ciudadanía y la corporación de la seguridad pública en la reconstrucción del tejido social llegando a todas las comunidades.

Durante los trabajos se estableció que la agenda se entregaría a los candidatos a todos los cargos públicos para las elecciones del próximo año, el sacerdote jesuita Jorge Atilano González principal organizador del Diálogo apuntó que la agenda es apolítica.

Y para evitar la presencia de partidos políticos, se solicitó a algunos enlaces estatales que se han sumado al comité de un partido su salida de éstos trabajos por la paz.

El debate, explicó tiene que ser en lo local, el foco no solo debe estar con los candidatos presidenciables, “la agenda no está hecha para el gobierno es una agenda hecha para la sociedad para que tenga impacto”.

A pesar de no haberse invitado al gobierno federal, dijo, “no queremos una confrontación, queremos ser incluyentes”, por eso se ha tenido contacto con las secretarías de Gobernación y de Seguridad Ciudadana se ha tenido contacto y se les ha informado de la actividad que se realiza.

Comienza la operación

Lo inmediato, explicó Jorge Atilano, es que la agenda se difunda y trabaje en el ámbito local. Para llevar esto a efecto se tienen 90 enlaces estatales y se van a establecer mesas técnicas de comunidad, seguridad y justicia a partir de ahí proponer el rediseño de justicia, seguridad y cárceles en México.

Para seguir en el camino como resultado del Diálogo Nacional por la Paz se creó la Red de Acción para la Paz en México que es una alianza ciudadana.

Y se definió una ruta de construcción de paz con 14 acciones, como son: impulsar la empatía y la solidaridad con las víctimas de la violencia; generar espacios de diálogo interinstitucional y la mediación para la resolución positiva de la conflictividad.

Promover la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas de seguridad; fortalecer la cultura de la hospitalidad con los migrantes, refugiados y desplazados.

Fortalecer los procedimientos de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de conflictos; impulsar programas de prevención y atención de las adicciones.

Así como promover:

acuerdos laborales que mejoren las condiciones de trabajo y de vida, procesos de sanación familiar y comunitaria para atender las secuelas de la violencia, en las escuelas una educación para la paz.

Reconocer, dignificar y recuperar el liderazgo de las policías municipales y comunitarias. Además de convocar a expertos a una evaluación y rediseño del sistema de seguridad, justicia y cárceles de México.

En este camino por la reconstrucción de la paz la Iglesia católica ha llamado a otras religiones a sumarse a este movimiento, al Diálogo asistió el sacerdote Arturo Carrasco de la iglesia Anglicana que acompaña a los colectivos de madres de desaparecidos.

El sacerdote Mario Ángel Flores exrector de la Universidad Pontificia fue crítico al comentar

“Lo que no se dijo ( en el Diálogo) porque no era el momento es que el gobierno está faltando a su principal tarea que es dar seguridad, crear ambiente de justicia y sobre todo propiciar la unidad entre los mexicanos. Pareciera que está exactamente en el

camino opuesto, nos divide como ciudadanos, descuida y no le interesa la justicia más aún se contrapone con instituciones que deben crear la justicia y sobre todo no brinda seguridad”.

Así, la agenda está pensada para presentar a los candidatos a todos los cargos públicos “para que tengan una nueva actitud y se le de vuelta a la página de este gobierno que ha pasado el tiempo sin aprovechar toda la fuerza que tuvo, nunca el Presidente ha sido un jefe de Estado, se conformó con ser jefe de un partido y ahora se inicia como jefe de campaña electoral ¿y el país dónde?; este es el motivo de este encuentro nacional“.

Fue tajante, pues “no se invitó al gobierno porque nunca ha escuchado, nunca ha abierto las puertas nunca ha estado en diálogo no ha sido cercano a las víctimas nunca las han escuchado por eso estamos aquí, para expresar nuestra preocupación como iglesia y pensar en el futuro”.

Y añadió: “Damos gracias a Dios que este gobierno ya se va y que vengan tiempos nuevos y una ciudadanía más comprometida”.

La historiadora Mónica Uribe apuntó que desde la Guerra Cristera (1926-1929) que fue por la libertad religiosa la Iglesia católica “no había tenido una presencia social y política como en estos momentos que no aboga por ella sola, sino por todos ante la violencia e inseguridad que vivimos y la ineficiencia de las autoridades de cumplir con su deber”.

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