Los ejércitos desechables del crimen

29 de Abril de 2024

Los ejércitos desechables del crimen

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El último análisis del Congreso de Estados Unidos cuestiona las contradicciones en materia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador y los niveles de violencia que se han alcanzado en el país, y condiciona los recursos aprobados del Plan Mérida

Sus edades fluctúan entre los 18 hasta los 30 años aproximadamente. Sus perfiles, documentado por las autoridades, los ubican como jóvenes generalmente de recursos limitados que suelen ser enrolados por líderes de células criminales como halcones y sicarios, y otros más son engañados o incluso secuestrados ante la necesidad de reponer a sus ejércitos que deben enfrentar a sus enemigos.

Las imágenes los muestran portando uniformes que pueden confundirse, a primera vista, como miembros de las Fuerzas Armadas. No lo son, no tienen los folios de seguridad de los uniformes oficiales. Y al observar a detalle se aprecian pseudochalecos antibalas sin placas de protección o de poca densidad, botas muy usadas, a algunos les queda grande la ropa y la amarran con lazos, y otros su vestimenta es más sencilla aún.

Por los rifles de asalto que portan parecería que están muy bien entrenados, pero por los peritajes de sus disparos suelen no ser precisos y muchas veces no saben emplear sus armas de manera táctica. En algunos casos porque, además, están drogados.

›Quienes investigan estos temas aseguran que muchos de estos jóvenes son considerados “desechables” y ellos, a su vez, simplemente viven el momento, porque les ofrecen entre cinco y 10 mil pesos, mujeres y drogas, lo que les brinda una sensación de poder.

Las investigaciones de las autoridades, sin embargo, muestran que hay grupos criminales que sí destinan más recursos para entrenar y equipar a sus grupos armados; pero ninguno de ellos tendría el nivel de adiestramiento y capacidad de las Fuerzas Armadas, ni siquiera de la ahora Guardia Nacional.

En el más reciente documento de análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS por sus siglas en inglés), del 20 de julio pasado, titulado “México: evolución de la iniciativa Mérida, 2007-2020”, se menciona una gran preocupación por el nivel de violencia que muestran estos grupos, sus características y por las contradicciones de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano, señala, “ha rechazado los llamados a una ‘guerra’ contra las organizaciones criminales transnacionales que él afirma, aumentaría las bajas civiles. Sin embargo, López Obrador respaldó las reformas constitucionales para permitir a los militares participación en seguridad pública por cinco años más”.

Esto contradice su discurso que cuestionaba a sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por el uso del Ejército y la Marina en operaciones de seguridad, “aunque detenciones y extradiciones de alto nivel han aumentado en 2020”, sostiene.

En lugar de reforzar la Policía Federal, que había recibido equipo y capacitación estadounidenses significativos, el presidente López Obrador aseguró la aprobación del Congreso de la Guardia Nacional —compuesta principalmente por militares y policías federales— y los desplegó para asegurar los oleoductos, reafirmar el control territorial en zonas de alta criminalidad, y asegurar las fronteras de México”, detalla el documento.

Sin embargo también observa una “preocupación” porque la Guardia Nacional carece de entrenamiento para investigaciones, por lo que sus casos serán “inadmisibles” en juicios.

“También se teme que sus fuerzas puedan violar los derechos humanos”, sostiene el documento de CRS.

Aunque López Obrador asegura que cumplirá su promesa de combatir la corrupción e impunidad, plantea el documento, ha ignorado los posibles casos de corrupción cercanos a él, y el Congreso aprobó la creación de una oficina del Fiscal General, pero quien la dirige “es aliado cercano del presidente”, y su oficina “sigue sin fondos y ha propuesto reformas que revertirían muchos elementos importante del sistema penal”.

Si bien se aprobaron más recursos para el Plan Mérida, 61.3 millones de dólares, los legisladores estadounidenses han condicionado su aplicación a implementar métodos de evaluación y supervisión de los recursos.

¿Sabías que? Los videos difundidos el 17 y 18 de julio tuvieron 13 millones de reproducciones y tres millones a nivel internacional.