En enero y febrero de 2026, el Congreso de la Unión volvió a poner sobre la mesa un tema que durante décadas fue tratado como un asunto secundario: el medio ambiente y, en particular, la relación del Estado con el agua y los ríos. No se trata de discursos aislados ni de buenas intenciones, sino de iniciativas formales inscritas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que marcan una ruta clara: la agenda ambiental ya no puede seguir siendo marginal.Desde San Lázaro se han presentado reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como modificaciones a la Ley General de Educación para fortalecer la educación ambiental.
Estas iniciativas, registradas oficialmente en febrero de 2026, parten de una premisa básica pero poderosa: sin conciencia ambiental y sin reglas claras, no hay política pública que logre proteger nuestros ecosistemas. Y los ríos, como sistemas vivos, son quizá el mejor termómetro del abandono histórico que hemos normalizado.Hablar de ríos en México es hablar de entubamientos, contaminación, invasiones, descargas irregulares y una visión urbana que durante años prefirió esconder el agua antes que convivir con ella.
Por eso es relevante que, desde el Poder Legislativo federal, se discutan reformas que buscan fortalecer la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la responsabilidad del Estado frente a los recursos naturales. No son leyes perfectas ni definitivas, pero sí señales políticas claras.A ello se suma la entrada en vigor, en enero de 2026, de la Ley General de Economía Circular, aprobada por la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley no habla directamente de ríos, pero sí de residuos, de ciclos de materiales y de reducción de contaminantes. Y eso, en términos ambientales, es hablar de agua. Cada residuo que no se gestiona adecuadamente termina, tarde o temprano, en un cuerpo de agua.
También se han presentado puntos de acuerdo en materia de gestión del agua potable, medición y uso eficiente del recurso. Aunque no son leyes, reflejan una preocupación creciente en el Congreso por el manejo integral del agua, desde su extracción hasta su consumo. La legislación ambiental ya no puede fragmentarse: agua, suelo, residuos y desarrollo urbano forman parte de un mismo sistema.Desde la Ciudad de México, esta discusión no nos es ajena. Nuestra capital está construida sobre una cuenca profundamente intervenida, con ríos entubados y acuíferos sobreexplotados. Por eso, lo que ocurre en San Lázaro importa, y mucho. Las reformas federales crean el marco, pero somos los congresos locales y los gobiernos territoriales quienes debemos aterrizar estas políticas en acciones concretas.
Legislar en favor del medio ambiente no es una moda ni una concesión política: es una obligación constitucional y ética. El artículo 4º de nuestra Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano, pero ese derecho no se garantiza con discursos, sino con leyes aplicables, presupuestos suficientes y voluntad política. Hoy, cuando el Congreso de la Unión discute educación ambiental, equilibrio ecológico y gestión sostenible, tenemos la oportunidad de cambiar la narrativa. Aplicar esto al rescate de los ríos y barrancas es una tarea urgente para devolverle al territorio su función ambiental.
