México: armerías de EU, cómplices indirectos del crimen organizado
CULIACÁN, SINALOA, 03DICIEMBRE2019.- Un total de 895 armas cortas y 569 armas largas decomisadas en distintos operativos en Durango y Sinaloa por la Tercera Región Militar, fueron destruidas en la explanada del Palacio de Gobierno. El general de la Tercera Región Carlos Román Carrillo del Villar en su discurso mencionó que la destrucción de las armas se realizan para evitar que estás continuaran lesionado a la gente y para la contribución de la paz y seguridad de la ciudadanía. Esto es parte de un proceso judicial, en el que luego del aseguramiento de las armas, se ponen a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional luego de que un juez de la orden para que se disponga de ella y se destruya. Mencionó que el Gobierno Federal está tomando cartas en el asunto de flujo de armas extranjeras en México, y que por su parte, la SEDENA establece en su operativo puntos militares de seguridad estratégicos de revisión para la revisión y aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. “En esas revisiones cuando se detecta armamento que no está respaldado legalmente, se asegura para que comience el proceso y se levanten las actas para que la SEDENA pueda proceder a su destrucción”, explicó. Sin datos exactos, dijo que la mayoría de las armas decomisadas en Durango y Sinaloa son de procedencia extranjera. FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM
/Juan Carlos Cruz/Juan Carlos Cruz
El documento señala que las empresas son conscientes del problema y de la ilegalidad en la que incurren, pero no modifican sus políticas de comercialización
En la demanda que emprendió México contra los fabricantes de armas en Estados Unidos se argumenta que son cómplices indirectos de los grupos del crimen organizado en nuestro país.
Según reportó El Universal, por un documento al que tuvo acceso, se señala que los fabricantes de armas saben que su producto forma parte de la cadena de tráfico ilícito de armas a México; además de que, siendo consciente del problema y de la ilegalidad en la que incurren, no modifican sus políticas de comercialización.
La demanda sostiene que al menos ocho empresas han facilitado que la delincuencia organizada use prestanombres, empresas fantasma y triangulaciones para simular compras legales de armas que llegan a México.
“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, afirma la demanda.
Aseguró que su deber de “distribuir cuidadosamente sus armas” es violada “cuando venden armas sin estándares, condiciones o monitoreo”.
En este sentido, la parte mexicana asegura que los fabricantes “saben que venden armas de manera imprudente o ilegal”. DJ
Con información de El Universal
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