Hay un momento, al volver a casa, en que la llave tarda una fracción de segundo más de lo acostumbrado en entrar en la cerradura. Es apenas un instante, pero basta para imaginarlo todo: que alguien haya cambiado la chapa, que la puerta no responda, que detrás de ella habiten otras voces, otros muebles, otra vida. Hasta hace poco, la casa era el santuario al que se regresaba para dejar afuera la intemperie. Ahora, en esta Ciudad de México, para algunos regresar al hogar empieza a ser una forma de comprobar que todavía les pertenece.
A finales de julio, en la colonia Del Valle, esa inquietud salió a la calle. Vecinos protestaron después de un intento de despojo en una vivienda de Matías Romero. La escena tuvo la velocidad de una mudanza: cámaras de vigilancia deshabilitadas, cerraduras sustituidas, muebles y pertenencias retirados en minutos. La Fiscalía aseguró el inmueble e inició una investigación. Pero una casa asegurada no devuelve de inmediato la certeza perdida.
Porque el dato decisivo no está en la cerradura rota, sino en la vulnerabilidad previa. El propietario descubre que su fragilidad tiene un calendario preciso: una enfermedad inesperada, un viaje, una hospitalización, una sucesión que se demora, la soledad de la vejez. Puede tener escrituras, cámaras y seguros, y aun así sentirse inerme ante la velocidad del despojo y la lentitud institucional. La ley tiene sus tiempos; el despojo, otros.
La casa puede ser propia durante una vida entera y, sin embargo, convertirse de pronto en materia de litigio.
Y entonces aparece la sombra de doña Carlota, la mujer de Chalco que en 2025 llegó armada a un inmueble que afirmaba defender y disparó contra quienes lo ocupaban; uno de ellos murió. El episodio terminó como una imagen brutal de la confianza institucional erosionada. Doña Carlota no es una heroína ni una receta. Es algo más incómodo: un aviso de lo que puede ocurrir cuando el ciudadano empieza a pensar que la vía institucional es demasiado lenta para proteger aquello que considera suyo.
El miedo adquiere entonces una dimensión más profunda. No es solamente perder cuatro paredes; es temer que el expediente sobreviva al propietario. Que los años transcurran entre carpetas, audiencias, peritajes y notificaciones que cumplen formalmente con la ley sin necesariamente llegar a quien necesita defenderse. Un edicto puede ser jurídicamente válido y, sin embargo, resultar invisible para la persona cuya vida está detrás de la puerta. Entre la formalidad y la justicia puede caber una vida entera.
Y hay otra zona que merece atención: la de los remates bancarios y los inmuebles sujetos a litigio. Allí se cruzan créditos impagados, derechos litigiosos, adjudicaciones y juicios que para un comprador pueden parecer una oportunidad y terminan en fraudes y para quien defiende una propiedad una vez que su economía ha mejorado, significan años de incertidumbre. La ciudad necesita saber qué se vende, quién puede venderlo, en qué etapa está el procedimiento y qué derechos conserva quien habita o reclama. La opacidad inmobiliaria no solo alimenta negocios dudosos; también convierte la vivienda en territorio de sospecha.
La Ciudad de México necesita replantear de principio a fin su política inmobiliaria: justicia capaz de responder a tiempo, procedimientos transparentes, notificaciones que realmente lleguen a los afectados, protección para adultos mayores y mecanismos eficaces para restituir la posesión cuando un despojo ha sido acreditado. Y necesita hacerlo mientras otro fenómeno avanza silenciosamente: la gentrificación, que eleva el valor del suelo y vuelve más codiciados los barrios donde quedan casas antiguas y vecinos de toda la vida.
En los años ochenta, la Asamblea de Barrios y Superbarrio pertenecieron a una ciudad marcada por el sismo y por la necesidad de organizarse para defender el derecho a la vivienda. Hoy el escenario es otro. Ya no se trata solamente de encontrar un techo después de la tragedia, sino de impedir que un propietario o un vecino vulnerable no sepa qué hacer cuando el problema ya llegó a su puerta. Frente al despojo, la opacidad inmobiliaria y el acecho de una ciudad cada vez más cara, vuelve una vieja certeza: una persona sola tiene menos fuerza que una comunidad organizada que se ayuda y se vigila, documenta y exige respuestas.
El miedo más profundo no es imaginar que un extraño pueda entrar. Es saber que, si entra, quizá el propietario pase los años siguientes intentando demostrar que aquella casa sigue siendo suya. Y mientras tanto, el tiempo puede quedarse del otro lado de la puerta.
