A nivel mundial, México se ubicó entre los países con más personas defensoras de derechos humanos asesinadas en 2022. Con un registro de al menos 45 víctimas, sólo por debajo de Colombia y Ucrania con 186 y 50 víctimas respectivamente, el país se colocó entre las cinco naciones donde se concentró el 80% de los activistas asesinados, de acuerdo con el Memorial de los Defensores de Derechos Humanos (HRD por sus siglas en inglés).
El Análisis Global 2022 de la organización internacional Front Line Defenders advierte que en México, particularmente en Oaxaca Guerrero, Chihuahua y Chiapas, se concentró la mayoría de los ataques, desapariciones forzadas, violencia y asesinatos de defensores comunitarios, en su mayoría opositores a los “megaproyectos” del gobierno y al despojo y explotación de sus tierras y demás recursos naturales.
Sin embargo, el informe señala que los “asesinatos selectivos” y la criminalización generalizada contra las personas defensoras abarcó también a quienes se atrevieron a denunciar “la corrupción, la profundización del autoritarismo y la erosión del estado de derecho”.
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Un fenómeno donde las investigaciones y detenciones arbitrarias de los luchadores sociales se caracterizó por “amplias violaciones” al debido proceso, lo cual fue documentado tanto en México como en países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, según el informe.
En ese sentido, Front Line Defenders reiteró que en 2022 México se colocó, una vez más, como el país “más mortífero” en el mundo para ejercer el periodismo con un total de 12 comunicadores asesinados a causa de su profesión. Lo cual se reflejó con el promedio de al menos una agresión contra la prensa cada 14 horas que documentó la Oficina Regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19.
Dentro de ese panorama generalizado de violencia en contra de los activistas en México, la organización reitera la vulnerabilidad y el registro de ataques y asesinatos en contra de personas buscadoras de desaparecidos; en contra de mujeres y activistas feministas; personas trans y defensoras de los derechos LGBTIQ+; así como para los defensores de personas migrantes y solicitantes de refugio.
“Estos defensores y defensoras fueron objeto de ataques y asesinatos deliberados por su labor de defensa de los derechos humanos. Pagaron con sus vidas el precio de haber elegido denunciar y cuestionar las injusticias”, advirtió Olive Moore, directora interina de Front Line Defenders respecto al registro de más de 400 de estos “asesinatos selectivos” en 26 países, lo cual señaló como hito desalentador.
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En este año la situación de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en México no vislumbra un cambio favorable. Luego de que ayer se confirmó el asesinato de Eustacio Alcalá Díaz, defensor comunitario y ambientalista quien se había opuesto a la explotación minera en la región de la sierra costa de Michoacán, la ONU externó su preocupación por ese y los otros asesinatos y desapariciones de activistas en lo que va de este 2023.
Considerando el asesinato del activista defensor de la comunidad LGBT, Gustavo Robles Taboada, ocurrido el 28 de marzo en Cuautla, Morelos; y la desaparición de Esthela Guadalupe Estrada Ávila, integrante del Colectivo de familiares de personas desaparecidas “Luz de Esperanza” en Jalisco, el 29 de marzo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las autoridades investigar estos casos ante “la ausencia” de medidas preventivas y de protección lo cual advirtió Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH puede derivar en el “incumplimiento de la obligación de protección a las personas defensoras”.
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