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El gobierno de Nicaragua aseguró este lunes que los precandidatos presidenciales detenidos bajo cargos de «incitar a la intervención extranjera» son «usurpadores» financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente Daniel Ortega.

Para el gobierno sandinista, los opositores, detenidos en sucesivas redadas policiales a cinco meses de los comicios presidenciales, no representan a «la verdadera oposición de Nicaragua» porque no se han registrado ni han sido seleccionados como candidatos por ningún partido político.

«Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos» dijo el gobierno a través de un texto titulado: «Nicaragua: En Defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho».

De acuerdo con el documento, los opositores, directamente o «a través de sus respectivas ONG’s, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID» y otras agencias, para «derrocar al gobierno electo del Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra».

La acusación del gobierno se produce en momentos de duras críticas de la comunidad internacional y sanciones de Estados Unidos por la detención de 13 opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia, destacados miembros de la disidencia sandinista y líderes de la empresa privada y sociedad civil. 

La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.

También están detenidos el exdiplomático, Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, cuya liberación inmediata es reclamada por la comunidad internacional.

El gobierno pidió que no haya «interferencia» en la investigación contra estas personas, acusadas «por delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa».

Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.

Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

El sandinismo aseguró que celebrará elecciones generales «libres, justas y transparentes» y exigió «la no injerencia de cualquier gobierno extranjero» en el proceso.

Demandó que «sean eliminadas» las sanciones unilaterales impuestas. Considera que «las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».

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