Hernán Bermúdez Requena lleva casi un año recluido en el penal del Altiplano. Fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández y las autoridades lo señalan como presunto líder de La Barredora, organización relacionada con delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro y robo de hidrocarburos.
Fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025, después de permanecer prófugo. Su regreso a México también generó interrogantes. El avión de la Fiscalía General de la República hizo escalas en Bogotá y Tapachula antes de llegar a Toluca. El recorrido se prolongó por más de 30 horas. Las autoridades atribuyeron el itinerario a cuestiones logísticas, pero las modificaciones y las largas escalas dejaron dudas sobre un traslado que, por su naturaleza, merecía una explicación más detallada.
El punto central, sin embargo, está en el proceso federal.
El 17 de septiembre de 2025 se obtuvo una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena por delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos. En enero de 2026, el gobierno confirmó la existencia de esa orden y señaló que había elementos probatorios para obtenerla.
Pero en abril de 2026, después de más de seis meses de su detención, se reportó que la FGR todavía no había concretado la imputación federal. La defensa ha promovido recursos legales y un amparo que ha impedido la ejecución de la orden federal.
Mientras tanto, en Tabasco el expediente sí avanzó. Bermúdez fue vinculado a proceso por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado. Posteriormente enfrentó una acusación por desaparición forzada. La Fiscalía estatal ha solicitado penas que suman hasta 154 años de prisión.
La diferencia en los tiempos merece una explicación.
Si existe una orden federal por delitos de delincuencia organizada y otros ilícitos graves, ¿por qué la investigación federal ha avanzado a un ritmo tan distinto al proceso de Tabasco?
La pregunta no implica declarar culpable a Bermúdez Requena. Corresponde a los jueces determinar su responsabilidad y debe respetarse la presunción de inocencia.
El cuestionamiento es institucional. La FGR debe explicar qué obstáculos jurídicos enfrenta, qué pruebas continúa integrando y cuál es el estado actual de la investigación.
Bermúdez Requena no es un personaje menor. Fue responsable de la seguridad pública de Tabasco y las acusaciones en su contra plantean una posible penetración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.
La gravedad del caso exige resultados y transparencia.
Si existen pruebas suficientes, deben presentarse ante un juez. Si existen recursos legales que impiden avanzar, deben explicarse. Y si la investigación requiere más tiempo, la sociedad merece conocer las razones.
Bermúdez Requena tendrá que responder ante los tribunales por aquello que pueda acreditarse. La FGR, por su parte, debe responder por sus tiempos y decisiones.
La justicia no puede tener una vara para unos y otra para otros. Mientras el expediente federal permanezca detenido y el proceso estatal avance, la pregunta sobre una posible justicia selectiva seguirá sobre la mesa.
