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Redacción ejecentral

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Ismael Eslava Péez,  responsable del informe especial sobre personas no localizadas y fosas clandestinas sostiene que los esfuerzos de las distintas instancias de gobierno no han sido suficientes para atender este flagelo
Juan Carlos Rodríguez
jcrodriguez@ejecentral.com.mx

El fenómeno de los desaparecidos y el hallazgo de cientos de fosas clandestinas han demostrado el fracaso de las instituciones mexicanas y que el Estado de Derecho pende de alfileres, afirmó el primer Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez.

Responsable de coordinar el primer informe sobre personas desaparecidas y cementerios clandestinos, Eslava sostuvo que a la brutalidad de la delincuencia organizada y a la complicidad de algunos servidores públicos se debe sumar la ineptitud de las instancias de procuración de justicia y la impunidad que impide castigar a los responsables.

En entrevista con ejecentral, el primer visitador reveló que de los 4 mil 756 casos que figuran en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF, correspondientes sólo a los años de 2014 y 2015), 27% de las desapariciones son atribuidas a servidores públicos, lo que significa que, al menos mil 290 personas fueron víctimas de desaparición forzada en esos dos años.

Es decir, una de cada cuatro desapariciones en México son perpetradas por agentes del Estado mexicano. Sin embargo, el nivel de impunidad es abrumador, pues de 127 investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió en ese par de años, sólo seis terminaron con una sentencia condenatoria; esto es, apenas el 4.7 por ciento.

Y en el ámbito local el panorama es más desolador, ya que de 260 averiguaciones que se iniciaron en 2014 y 2015 contra funcionarios públicos que fueron señalados por desaparecer a personas, sólo dos concluyeron con sentencia. Apenas el 0.7 por ciento.

Desde 2006 se comenzaron a disparar las cifras de desaparecidos, pero es hasta 2017 que tenemos un primer informe. ¿Piensa usted que se subestimó el problema? Hay una problemática seria, compleja y difícil en materia de personas desaparecidas; además los esfuerzos de las distintas instancias de gobierno no han sido suficientes para atender este flagelo, ni se han obtenido los resultados que la sociedad espera.

“Ha habido una desatención, no cabe la menor duda. Prueba de ello es que hay muchas investigaciones en curso y que no se ha podido determinar la identificación de los responsables ni la localización de las víctimas”.

¿La CNDH se tardó en actuar? Durante la década pasada la CNDH venía trabajando quejas individuales. Fue hasta 2015, cuando llegó la presente administración, que se da la instrucción de visualizar el fenómeno de los desaparecidos y dar una respuesta integral al tema.

“Si tú me preguntas si debimos haber reaccionado antes, yo te respondo sí, la CNDH debe ser más ágil en el trámite de los asuntos, más ágil en nuestras diligencias. La sociedad confía en esta institución y tenemos que dar respuesta puntual en el menor tiempo posible.

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¿En qué tipo de país estamos, cuando son las propias familias las que deben buscar, exhumar e identificar a las personas enterradas en fosas clandestinas? El hecho de que los colectivos de familiares de desaparecidos estén acudiendo en labores de búsqueda, sustituyendo una actividad que le corresponde al Estado, hace patente un débil Estado de Derecho, no cabe duda.

“En la medida que un asunto que es denunciado ante las autoridades y que no se realiza una adecuada investigación, conduce a una impunidad y esta impunidad revela un frágil Estado de Derecho”.

Hay relación directa entre desaparecidos y la lucha frontal contra los carteles de la droga? Muchos de los casos que nos han llegado es imputable a la delincuencia organizada. Pero lo que no se puede negar es que las distintas instancias de gobierno no han dado resultado en prevención, investigación y sanción de la criminalidad. Esa desatención que por varios años ha tenido esta problemática ha contribuido al incremento y la participación de la delincuencia organizada.

Hay estados como Chihuahua y Morelos que se negaron a dar información sobre desaparecidos y fosas. Otras entidades como Tamaulipas dieron datos parciales. ¿Cómo interpreta la CNDH estas omisiones? No le podría decir si es negligencia, si es complicidad o si quieren ocultar información. Yo parto de una premisa objetiva, y es que se hizo una solicitud de información a todas las entidades y en algunos casos no hubo respuesta. En el informe dejamos constancia de que Chihuahua, Morelos, Colima, Guerrero, Nayarit y San Luis Potosí respondieron de manera parcial los requerimientos de la CNDH, pero existe un principio jurídico que señala que, ante la omisión de alguna de las partes, los hechos se darán por ciertos”.

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