A 19 años de la ILE en CDMX: avances, retos y el llamado urgente para garantizar el acceso en todo México

A casi dos décadas de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de México, la capital del país se mantiene como un referente nacional y regional en el acceso a servicios de salud reproductiva. Sin embargo, organizaciones y especialistas advierten que aún persisten barreras que impiden garantizar este derecho de manera equitativa en todo el país.

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Un modelo que ha salvado vidas

Desde su implementación en 2007, la ILE ha permitido que miles de mujeres y personas con capacidad de gestar accedan a procedimientos seguros. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud local, se han realizado más de 300 mil interrupciones legales del embarazo sin registrar muertes maternas, lo que evidencia la efectividad de este modelo.

Además, el caso de la CDMX demuestra que cuando existen servicios médicos accesibles, seguros y libres de estigma, los riesgos asociados a prácticas inseguras disminuyen significativamente.

CDMX, una red de atención nacional

Uno de los datos más reveladores es que alrededor del 40% de quienes acceden a la ILE en la capital provienen de otros estados, lo que refleja las desigualdades que aún existen en el país.

Esta situación ha convertido a la CDMX en una especie de “refugio sanitario”, donde personas de entidades con legislaciones restrictivas o falta de servicios deben desplazarse para poder ejercer su derecho.

Barreras que aún limitan el acceso

A pesar de los avances legales en diversas entidades, especialistas señalan que el acceso al aborto seguro sigue enfrentando múltiples obstáculos:

• Estigma social y desinformación
• Temor a la criminalización
• Objeción de conciencia mal aplicada en instituciones de salud
• Falta de servicios oportunos en algunos estados

Estas barreras no solo retrasan la atención, sino que en algunos casos empujan a las personas a recurrir a procedimientos inseguros.

Un problema de salud pública global

El contexto internacional refuerza la urgencia del tema. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año ocurren aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en el mundo, los cuales son responsables de cerca del 13% de las muertes maternas.

La evidencia es clara: garantizar servicios seguros y accesibles reduce riesgos y salva vidas.

El debate: ¿salud o delito?

Uno de los principales puntos señalados por especialistas es que, aunque el aborto es legal en la CDMX bajo ciertas condiciones, sigue estando tipificado como delito en el Código Penal, lo que genera incertidumbre tanto en pacientes como en personal médico.

Esta ambigüedad legal puede traducirse en:

• Miedo a denunciar o solicitar el servicio
• Dudas en la actuación del personal de salud
• Limitaciones en la atención integral

Por ello, organizaciones como Salvemos Miles de Vidas México hacen un llamado a legislar el aborto desde una perspectiva de salud pública y no penal.

El reto: garantizar el acceso en todo el país

A 19 años de la ILE, el desafío ya no es demostrar que el modelo funciona, sino lograr que el acceso sea una realidad para todas las personas, sin importar su lugar de residencia.

El incumplimiento de lineamientos por parte de algunos estados, incluso tras resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sigue obligando a miles de personas a desplazarse o enfrentar condiciones de riesgo.

Un llamado urgente

Especialistas y colectivos coinciden en que el siguiente paso es eliminar las barreras estructurales que aún persisten, incluyendo la criminalización del aborto.

El caso de la CDMX ha demostrado que es posible construir un modelo basado en la salud, la dignidad y los derechos humanos. No obstante, mientras existan desigualdades legales y de acceso, este derecho seguirá siendo limitado para miles de personas en México.

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