Alcaldesa Guadalupe López es acusada por presunta extorsión contra empresas de telecomunicaciones en Sinaloa; esto se sabe
Empresas como Telmex y Totalplay también señalan a la presidenta municipal de Salvador Alvarado por presuntamente imponer multas de forma ilegal
Guadalupe López González, alcaldesa de Salvador Alvarado, Sinaloa, enfrenta señalamientos por presuntos cobros ilegales y actos de extorsión contra empresas del sector de telecomunicaciones como Telmex, Megacable y Totalplay. Estas compañías presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas multas irregulares y afectaciones a su infraestructura.
Las sanciones impuestas por el Ayuntamiento superarían los mil 500 millones de pesos, luego de que las empresas se negaran a aceptar presuntas exigencias de pago atribuidas a funcionarios de la administración municipal. Las acusaciones apuntan a un esquema de presión que incluiría multas elevadas, ofrecimientos de descuentos y daños a la red de telecomunicaciones instalada en el municipio cuya cabecera es Guamúchil.
Empresas acusan a la alcaldesa de Salvador Alvarado
De acuerdo con los señalamientos, Pedro Molineros Urías, identificado como asesor de la alcaldesa, sería el encargado de contactar a las compañías para plantear “negociaciones” relacionadas con las sanciones impuestas por el municipio. La mecánica, de acuerdo con las denuncias, consistiría en aplicar multas de alto monto y posteriormente ofrecer reducciones de entre 60% y 70% a cambio de un acuerdo.
Las empresas sostienen que el gobierno municipal habría intentado cobrar cantidades fuera de proporción por la instalación de cableado, a pesar de que el marco local contempla sanciones mucho menores para otro tipo de obras. Mientras el Reglamento de Construcción municipal establece multas cercanas a 60 mil pesos por trabajos sin autorización, el Ayuntamiento estaría pretendiendo cobrar más de 410 mil pesos por cada “coordenada” de cableado, según las acusaciones presentadas.
Represalias contra empresas en Salvador Alvarado
El conflicto escaló luego de que, según las compañías afectadas, personal vinculado con el Ayuntamiento realizara cortes físicos a cables de telecomunicaciones, lo que habría dejado sin servicio de internet y conectividad a usuarios de la zona. Las empresas advirtieron que este tipo de acciones no solo afecta la operación comercial, sino también a la población que depende de estos servicios para actividades cotidianas, laborales y escolares.
Además de las sanciones económicas, las firmas denunciaron que durante el proceso administrativo se habrían cometido diversas irregularidades, entre ellas verificaciones sin presencia de representantes de las empresas, notificaciones deficientes, limitaciones al derecho de audiencia y obstáculos para presentar pruebas en su defensa.
Tras la difusión del caso, autoridades municipales han defendido públicamente que el reglamento local les permite autorizar y sancionar instalaciones de telecomunicaciones dentro del municipio. Sin embargo, las empresas y actores involucrados en la controversia sostienen que esa interpretación contraviene el marco constitucional.
El argumento central es que la infraestructura utilizada por las compañías se encuentra en postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y forma parte de redes reguladas por la Federación, por lo que los municipios no tendrían atribuciones para imponer permisos, cobros o sanciones sobre ese tendido.
En ese contexto, se ha recordado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió controversias similares en las que invalidó cobros municipales a empresas de telecomunicaciones por el uso de infraestructura o vías de competencia federal. Esos precedentes, de acuerdo con los denunciantes, refuerzan la postura de que los ayuntamientos no pueden invadir facultades reservadas a la Federación en materia de telecomunicaciones.
Diputado pide intervención de la FGR, la SICT y autoridades del sector
El caso ya llegó al ámbito legislativo. El diputado federal Mario Zamora Gastélum presentó una proposición con Punto de Acuerdo para pedir la intervención de autoridades federales ante lo que calificó como un posible esquema de “cobro de piso” institucional en Salvador Alvarado.
El exhorto plantea que la FGR investigue los presuntos cobros ilegales y las afectaciones a la infraestructura de telecomunicaciones. Además, solicita la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de las autoridades regulatorias del sector para revisar la legalidad de las sanciones impuestas por el municipio y evitar riesgos de incomunicación en la zona.
Hasta ahora, las denuncias presentadas buscan que la autoridad federal determine si existieron actos de extorsión, abuso de funciones o daños a infraestructura estratégica. El caso también abre un nuevo frente sobre los límites de los municipios en materia de telecomunicaciones y sobre el impacto que este tipo de disputas puede tener en la prestación de servicios básicos de conectividad para la población.
