Armenta da ultimátum a Grupo Proyecta: donación de terrenos o expropiación

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó un ultimátum al corporativo inmobiliario Grupo Proyecta, responsable del desarrollo de City Lomas Angelópolis, para que done al estado dos hectáreas de terreno destinadas a la construcción de viviendas para elementos de la Policía Estatal. De no cumplir en un plazo de 30 días, el mandatario advirtió que iniciará un proceso de expropiación de cuatro hectáreas.

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Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones, Armenta hizo un llamado directo a la empresa: “Grupo Proyecta: dos hectáreas en un mes o proceso de expropiación a cuatro hectáreas, lo que ustedes decidan”, afirmó, al tiempo que instruyó al coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, a notificar por escrito a la compañía.

Argumenta que es un acto de justicia, no de represión

El gobernador aseguró que esta medida no busca confrontar al sector privado, sino atender una necesidad urgente de infraestructura habitacional para cuerpos de seguridad. “Es un asunto de justicia, no represión”, enfatizó. Agregó que Grupo Proyecta ha obtenido amplios beneficios del estado, particularmente en el aprovechamiento del agua y otros recursos naturales.

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“Se han enriquecido legítimamente, pero también se quejan de la seguridad; pues ayuden a que los elementos tengan viviendas dignas”, expresó. Reiteró que la donación no es para su persona, sino para los agentes de seguridad pública.

Solicitan también predios a otros desarrolladores

Armenta extendió el llamado a otros desarrolladores inmobiliarios, como la familia Haghenbeck, a quienes pidió considerar la donación de terrenos en Haras del Bosque con el mismo objetivo. El Ejecutivo estatal destacó que Puebla requiere al menos 10 mil viviendas para policías y subrayó la importancia de contar con terrenos adecuados para iniciar proyectos habitacionales que beneficien a quienes resguardan la seguridad del estado.

Contexto del conflicto con el ejido de Ocoyucan

El anuncio de Armenta se produjo después de que José Luis García Parra reveló que el presidente del Comisariado Ejidal de Santa Clara Ocoyucan promovió un amparo para impedir la reubicación de la caseta de peaje de Atlixco. Este hecho motivó al gobernador a ampliar su pronunciamiento sobre la colaboración que espera del sector privado para garantizar el bienestar de los cuerpos de seguridad.

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Expropiación como última medida

El gobierno de Puebla fijó un plazo de 30 días para que Grupo Proyecta defina el polígono que será donado. De no recibir una respuesta favorable, Armenta adelantó que se iniciará un proceso de expropiación sobre una superficie mayor: “No es amenaza, es decisión. Necesitamos el terreno y si no hay voluntad, ejerceremos las facultades legales”.

El mandatario concluyó que esta iniciativa busca avanzar en el compromiso de mejorar las condiciones laborales y de vida de las fuerzas policiales, reiterando que el gobierno estatal mantendrá su política de responsabilidad social en colaboración con el sector empresarial.