CNDH rechaza posicionamiento de la ONU sobre Desaparición Forzada en México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, considerándolo “tendencioso” y “falto de rigor jurídico”. La CNDH argumenta que el informe omite los avances institucionales logrados en México desde 2019 y no considera la información actualizada proporcionada por el gobierno mexicano.

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En un comunicado de la CNDH detalló que difiere de las conclusiones a las que arribó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que decidió solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas

Puntos clave del rechazo de la CNDH

Asimismo el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), un órgano de “expertos independientes” que actúan a título personal y que monitorea el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, presentó su dictamen sobre el procedimiento iniciado en términos del artículo 34 de la Convención, en el que concluyó que, en términos de una revisión preliminar sobre la situación en México, lo que está pasando en el país presentaría indicios “fundados” de que se han cometido desapariciones forzadas “de manera generalizada o sistemática”, lo que hace necesaria su discusión en el seno de la Asamblea General de la ONU.

• - Falta de rigor jurídico:La CNDH cuestiona la argumentación del Comité y su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma.
• - Omisión de avances: El informe no considera los esfuerzos institucionales y las reformas legislativas implementadas en México para combatir las desapariciones forzadas.
• - Conflictos de interés: La CNDH señala que al menos uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.

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Hay que mencionar que el CED tomó esta decisión, basado, sobre todo, en peticiones de algunas ONG caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país, así como por un largo listado de colectivos de personas que legítimamente sufren por la desaparición de sus familiares.

Al respecto, este Organismo Autónomo difiere de las consideraciones de dicho Comité pues, de entrada, hay que decir que, para considerar legítima su participación en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales, además de que, en lugar de tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh, quien en su petición cuestionó sin más los cambios legales e institucionales que se dieron en los últimos meses, los que, según él “no son suficientes”, hablando de que se trata de “acciones parciales y poco coordinadas entre las instituciones”, las cuales considera que “no se constituyen en la Política Nacional que requiere el país”.

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