Las protestas del personal de salud en Veracruz no solo deberían indignarnos, deberían preocuparnos de manera exorbitante. Porque un médico puede tener los conocimientos y la disposición para atender a un paciente, pero si no cuenta con los materiales necesarios, su capacidad de resolver queda limitada por algo que no depende de él.
Las denuncias de trabajadores de hospitales veracruzanos por la falta de medicamentos e insumos han puesto sobre la mesa un problema que no puede reducirse a un conflicto laboral. Cuando quienes están dentro de las instituciones de salud tienen que salir a la calle para exigir condiciones básicas de trabajo, vale la pena preguntarse qué está pasando con los servicios que reciben las personas que acuden a ellas. ¡Los pacientes!
Me preocupa, además, lo que ocurre con las familias. Porque no todas tienen la posibilidad de comprar por su cuenta un medicamento, conseguir material quirúrgico o buscar atención en un hospital privado.
Convirtiendo esto en un problema social, porque la falta de insumos no afecta a todos de la misma manera. Quien tiene dinero puede intentar resolver por fuera lo que el hospital no tiene; quien no lo tiene depende de que la institución pueda atenderlo. En ese momento, una carencia que podría aparecer en un inventario termina convirtiéndose en una diferencia muy concreta entre quienes pueden buscar otra salida y quienes no.
El derecho a la salud está estipulado en la Constitución; sin embargo, para quien espera una cirugía o necesita un tratamiento, el reconocimiento de ese derecho no sustituye el medicamento que falta ni resuelve la atención que se aplaza.
Y no es solo exhibir esta falta jurídica, sino ver las circunstancias que importan, así como también las obligaciones de cada institución. Las autoridades deben responder, explicar lo que ocurre y solucionar con las medidas necesarias.
Porque, más allá de observar el conflicto entre las autoridades de salud y los médicos, es exigir la solución para los pacientes.
Los médicos y enfermeras no van a resolver con voluntad lo que requiere recursos, organización y decisiones administrativas. A ellos les corresponde atender a las personas dentro de sus funciones; garantizar que existan las condiciones para hacerlo es una responsabilidad institucional. Confundir ambas cosas termina trasladando al personal sanitario una presión que no puede resolver por sí solo.
Y Veracruz solo es el punto de partida de esta problemática, porque en México los problemas de abasto, infraestructura, distribución de medicamentos y condiciones laborales han aparecido en distintos momentos y en diferentes instituciones. Eso no significa que todos los hospitales tengan las mismas carencias ni que exista una sola causa. Significa que vale la pena mirar más allá de una protesta y preguntarnos si estamos evaluando el sistema de salud realmente por sus resultados.
Las compras, los presupuestos y los planes de distribución son necesarios. Pero también hay que saber qué llega, a dónde llega y si está disponible cuando una persona lo necesita. La información sobre el funcionamiento del sistema no debería limitarse a lo que se adquiere o se envía; tendría que permitir conocer qué problemas persisten y qué se está haciendo para resolverlos.
Al final, la salud pública se mide en situaciones concretas; por ejemplo, cuando un paciente recibe su tratamiento, en la persona que puede ser operada a tiempo y en la familia que no tiene que endeudarse para conseguir algo que esperaba recibir en un hospital público.
La protesta de los médicos por falta de material, además de hablar de sus condiciones de trabajo, también está exponiendo la afectación directa que sufren los pacientes cuando las instituciones no cuentan con lo necesario para atenderlos.
Lo que ocurre en Veracruz nos advierte de la incapacidad de un Estado para cumplir con una de sus capacidades más básicas en salud pública. Si esta falla, el costo no se queda en las instituciones; se convierte en una deuda del gobierno con la sociedad.
