Congreso de NL impulsa investigación federal en disputa con Matrimar ¿qué implicaciones tiene el caso?

El Congreso de Nuevo León solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) asumir la investigación relacionada con la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), que ha denunciado presuntos actos de extorsión vinculados con funcionarios del gobierno estatal y con Baltazar Martínez Ríos, dirigente local de Movimiento Ciudadano.

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La petición fue aprobada durante la sesión ordinaria del 10 de marzo de 2026, con 30 votos a favor de legisladores de PAN, PRI, Morena, PRD y PT. El exhorto fue promovido por la diputada Armida Serrato Flores (PRI), presidenta de la Comisión Anticorrupción, y se dirigió a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

El planteamiento legislativo se sustenta en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y en el artículo 73 de la Constitución federal, disposiciones que permiten la atracción de investigaciones cuando existen elementos que rebasan el ámbito local.

Audios y señalamientos en el centro del caso

La solicitud de intervención federal se produce después de la difusión de un audio atribuido a Baltazar Martínez Ríos. En la grabación se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa para facilitar su operación.

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De acuerdo con lo expuesto en el Congreso, en el material también se hace referencia al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, así como al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. La diputada Serrato señaló además que Martínez Ríos no ha acudido a sesiones del Congreso desde que se hizo pública la grabación.

La legisladora sostuvo que en el audio el dirigente aparece como intermediario entre autoridades estatales y la empresa extractiva ubicada en el municipio de Cerralvo.

Disputa previa entre la empresa y el gobierno estatal

El conflicto entre Matrimar y el gobierno de Nuevo León se remonta a 2025, cuando la pedrera enfrentó inspecciones, auditorías y clausuras administrativas relacionadas con el impuesto ambiental implementado en 2022, que grava emisiones, descargas y la extracción de materiales pétreos.

La empresa ha sostenido que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales. Documentos exhibidos por la compañía señalan que en noviembre de 2025 la Secretaría de Finanzas estatal revisó su situación y determinó que cumplía con sus pagos.

Posteriormente se emitieron nuevos requerimientos y cierres operativos. Matrimar ha señalado que esas medidas afectan a cerca de 500 familias vinculadas a la operación de la planta y las ha calificado como “extorsión institucional”.

La difusión de audios a finales de febrero de 2026 intensificó el conflicto público. La empresa obtuvo suspensiones judiciales federales frente a algunas clausuras, mientras el gobernador Samuel García negó actos de corrupción y sostuvo que las acciones estatales responden al cumplimiento de obligaciones ambientales.

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La solicitud del Congreso para que la FGR atraiga el caso se produce además en un contexto de inconformidad de sectores productivos. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras empresariales —entre ellas Coparmex Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio— rechazaron incrementos fiscales planteados en el Paquete Fiscal 2026. Un mes después, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció presuntos cobros indebidos de agentes de tránsito en municipios del área metropolitana.