Corte emite fallo a favor de comunidades mayas en Yucatán; ¿por qué rechazan las granjas porcinas y cuáles son los efectos dañinos?
El criterio impacta directamente en conflictos socioambientales como el de las granjas porcícolas en Yucatán
Imagen de la Corte y de las protestas contra las granjas porcinas en Yucatán
/Cuartoscuro / befunky
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el asunto de las granjas porcinas en Yucatán a favor de las comunidades mayas que se inconformaron porque las autoridades no consultaron el proyecto. De esta forma, se determinó que las personas que viven cerca de proyectos o actividades con posibles afectaciones ambientales sí cuentan con interés legítimo para promover un juicio de amparo.
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El caso surgió luego de que habitantes de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab, ubicadas en Yucatán, promovieran recursos legales contra la Norma Técnica Ambiental NTA-001-SDSD-22, emitida en 2022 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal.
El fallo corresponde al Amparo en Revisión 451/2025, relacionado con las comunidades mayas que impugnaron la norma técnica que regula la operación de granjas porcícolas en la entidad. El máximo tribunal concluyó que quienes habitan en zonas cercanas a proyectos potencialmente contaminantes pueden acudir a la justicia al considerar que existen posibles riesgos para su territorio, entorno y forma de vida.
¿Qué resolvió la Corte sobre las granjas porcinas en Yucatán?
El pasado 14 de mayo, diversas organizaciones civiles y representantes indígenas de Yucatán como organizaciones Chikin Ja y Kanan Lu’um Mo’ pidieron públicamente a la SCJN votar a favor del proyecto elaborado por la ministra Sara Irene Herrerías, relacionado con la constitucionalidad de la norma ambiental.
Aunque el asunto de las granjas porcinas estaba enlistado para discutirse en sesión del Pleno, finalmente quedó pendiente para una fecha posterior aún no definida.
Las agrupaciones señalaron que una resolución favorable podría fortalecer la protección de los derechos de los pueblos indígenas frente al crecimiento de la industria porcícola en la Península de Yucatán, donde estiman que existen más de 500 granjas.
Los inconformes sostienen que la regulación se publicó sin consultar previamente a las comunidades indígenas, pese a los posibles impactos ambientales y sociales asociados con la expansión de la industria porcícola en la región.
La resolución también establece que, cuando pueblos indígenas reclaman violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada, las autoridades no pueden negarles de manera inicial el acceso a los tribunales. La Corte indicó que estos casos deben analizarse bajo un enfoque de derechos humanos y protección reforzada.
Con esta decisión, el Pleno ordenó reponer el procedimiento para que el caso sea revisado nuevamente y se estudie el fondo del asunto.
¿Cuales son los efectos dañinos de las granjas porcinas?
Representantes comunitarios denunciaron presuntas afectaciones derivadas de la operación de granjas porcícolas en distintas zonas de Yucatán.
Ismael Salzar, integrante de Kanan Lu’um Mo’, y Matilde Dzib, de Chikin Ja, señalaron que han detectado contaminación en cenotes, incremento de moscas que dañan cultivos y disminución de abejas, situación que atribuyen a fumigaciones realizadas por empresas del sector.
De acuerdo con las comunidades, la operación de estas granjas ha provocado contaminación de cuerpos de agua, afectaciones a cultivos y cambios en el entorno comunitario.
Dzib afirmó que estas afectaciones ponen en riesgo prácticas y recursos que las comunidades han preservado durante generaciones.
Las organizaciones también criticaron que gobiernos estatales hayan priorizado el desarrollo de la industria porcícola sobre las preocupaciones ambientales y comunitarias planteadas por habitantes mayas.
Corte deberá analizar el fondo del caso
Tras la resolución de la SCJN, el caso regresará para que las autoridades judiciales revisen de fondo los argumentos presentados por las comunidades indígenas.
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La expansión de las granjas porcinas en la Península de Yucatán, se espera, deberá contemplar ahora las consecuencias ambientales y determinar si existen violaciones a derechos colectivos y ambientales en comunidades como las mayas.
