Corte Suprema frena aranceles de Trump: declara ilegal uso de ley de emergencia para imponer tarifas

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente Donald Trump excedió sus facultades al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles generalizados a socios comerciales, una decisión que limita una de las principales herramientas de su política económica.

Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 no autoriza al presidente a establecer tarifas aduaneras de manera unilateral.

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Corte Suprema determina que la IEEPA no permite imponer aranceles

La mayoría del tribunal sostuvo que el Congreso no otorgó en esa legislación la facultad específica de fijar aranceles. En su fallo, los jueces señalaron que “si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles” mediante la IEEPA, “lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”.

La resolución se refiere exclusivamente a los aranceles presentados como “recíprocos” y aplicados bajo el argumento de emergencia económica. No afecta los gravámenes dirigidos a sectores concretos como el automotriz, el acero o el aluminio.

Tres magistrados conservadores —Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito— votaron en contra de la decisión mayoritaria.

¿Qué aranceles anuló el tribunal?

Durante su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump anunció que utilizaría la IEEPA para imponer nuevos aranceles a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

El mandatario justificó estas medidas por razones comerciales, pero también por motivos vinculados al combate al narcotráfico y a la migración. Bajo ese argumento, aplicó tarifas especiales a países como México, Canadá y China.

Además, el Ejecutivo recurrió a esta legislación para presionar a naciones involucradas en conflictos internacionales. Trump aseguró en distintos momentos que logró avances diplomáticos gracias a la amenaza de imponer aranceles.

Sin embargo, la Corte concluyó que la ley invocada no contempla esa atribución específica para el presidente.

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Tribunales inferiores ya habían cuestionado los aranceles

El fallo del máximo tribunal confirma resoluciones previas de instancias inferiores. En mayo, un tribunal comercial de primera instancia dictaminó que Trump se extralimitó al imponer gravámenes generalizados y bloqueó su entrada en vigor.

El gobierno apeló esa decisión, lo que mantuvo temporalmente en suspenso el bloqueo. Con la resolución de la Corte Suprema, la restricción queda firme respecto a los aranceles establecidos bajo la IEEPA.

Impacto económico: miles de millones de dólares en juego

La decisión podría modificar de manera significativa la tasa arancelaria promedio en Estados Unidos. Antes del fallo, el economista Gregory Daco, jefe de EY-Parthenon, estimó que la anulación de estos aranceles reduciría la tasa media del 16.8% a aproximadamente 9.5%.

Además, el dictamen deja en incertidumbre los ingresos obtenidos por el gobierno mediante estos gravámenes. De acuerdo con cálculos de Daco, el monto involucrado oscila entre 100 mil y 120 mil millones de dólares.

Los jueces no precisaron si los importadores que presentaron demandas contra el gobierno podrán recibir reembolsos por los aranceles pagados.

El magistrado Brett Kavanaugh advirtió que el proceso podría generar un “desbarajuste”, en referencia a las posibles implicaciones administrativas y fiscales derivadas de la decisión.

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Gobierno busca alternativas para mantener aranceles

Aunque la Corte limitó el uso de la IEEPA para imponer tarifas amplias, el presidente Trump ha señalado que explora otras vías legales para establecer aranceles.

Entre las opciones disponibles, el Ejecutivo puede aplicar gravámenes temporales que requieren renovaciones periódicas. Sin embargo, estos mecanismos implican procesos más largos y procedimientos administrativos adicionales.

La resolución del máximo tribunal redefine el alcance de las facultades presidenciales en materia comercial y marca un precedente sobre los límites del uso de leyes de emergencia para imponer políticas económicas de amplio alcance.