Congela Noroña reforma salarial por impacto fiscal

Una reforma constitucional para aumentar los salarios de maestros, policías y personal de salud permanece detenida en el Senado, pese a contar con el respaldo de 31 congresos locales. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha evitado emitir la declaratoria de constitucionalidad por el alto costo fiscal de la medida, estimado en casi 40 mil millones de pesos anuales.

El senador en público que no había recibido la notificación debida de los congresos locales para declarar la constitucionalidad de la reforma. De acuerdo con los documentos en poder de este medio, los oficios se entregaron correctamente y todos fueron dirigidos al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña. Incluso, congresos como el de Nuevo León enviaron el oficio por DHL, no sólo por correo electrónico.

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El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, ha presionado a Fernández Noroña para que declare la constitucionalidad de la reforma y lo acusa directamente de bloquear los incrementos salariales de maestros de tiempo completo de educación pública del nivel básico, guardias y policías del Servicio de Protección Federal, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente y personal médico y de enfermería de todo el país.

La reforma es para que este personal gane al menos el salario base de cotización registrado en el IMSS, es decir, 16 mil 777 pesos al mes, toda vez que hay funcionarios que ganan entre seis mil y 12 mil pesos.

“Yo creo que cuando presentaron esta reforma, en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues en la 4T incurrieron en el populismo legislativo. No hicieron bien las cuentas de cuánto iba a costar el incremento salarial a todos estos servidores y servidoras públicos y ahora no saben cómo sacarlo adelante, por eso están dándole largas”, declaró Pablo Vázquez en entrevista con ejecentral.

Mal cálculo en impacto presupuestario

La reforma al Artículo 123 constitucional fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y todas las fuerzas políticas en los congresos; sin embargo, el gobierno del tabasqueño calculó mal el impacto presupuestal de los incrementos salariales.

Junto con la iniciativa presidencial, López Obrador envió al Congreso un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP en el que se destaca que “el proyecto de decreto no tiene impacto presupuestario”.

Aunque la reforma habla de aumentos salariales, la SHCP aseguró que no generaría más recursos porque no se crearían nuevas instituciones, no habría nuevos programas, no se establecen destinos específicos del gasto público, no habría nuevas atribuciones sustantivas, ni disposiciones generales que incidan en el presupuesto. En cuestión de meses se cayó ese argumento.

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El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados hizo un análisis para entregarlo a los legisladores antes de que se aprobara la reforma y estimó que homologar los salarios de los servidores públicos con el salario promedio registrado ante el IMSS sería de 39 mil 864 millones de pesos anuales.

Advierte que esa cantidad se incrementará cada año con la inflación y si se aumentan las plazas para el personal educativo, médico y de seguridad.

“Yo siento que ni siquiera el gobierno ha dimensionado el impacto presupuestal porque también al incrementar los salarios de estos servidores y servidoras públicas pues incrementa el aguinaldo, incrementa las prestaciones y pues es un movimiento presupuestal de proporciones mayúsculas”, enfatizó el diputado Pablo Vázquez.

“En lo que nosotros hemos insistido desde el Movimiento Ciudadano es que ese no es un pretexto para dejar de cumplir primero, con una reforma constitucional aprobada por todas las fuerzas políticas; segundo, un compromiso explícito de la actual presidenta de la República y, tercero, con la garantía de un mejor salario y trabajo digno para millones de servidores y servidoras públicas”, agregó.

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El legislador y otros integrantes de MC como Clemente Castañeda, no sólo han presionado a Fernández Noroña para que descongele la reforma, también han enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Gobernación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso al Instituto Nacional Electoral.

Los casi 40 mil millones de pesos anuales que costaría la aplicación de la reforma son superiores a los recursos que tienen para este año 11 secretarías de Estado. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tiene un presupuesto de 27 mil 830 millones de pesos; la Secretaría de Hacienda, de 26 mil 732 millones de pesos; la de Gobernación, de nueve mil 177 millones de pesos; la de Cultura, de 15 mil 81 millones de pesos; y la de Economía, de tres mil 533 millones de pesos.

Desde el sexenio pasado, las iniciativas presidenciales han incluido análisis de impactos presupuestarios con malos cálculos, la mayoría advierten que no habrá costos extra por las reformas.

“Los análisis los hacen totalmente a modo, sin rigor, simplemente vemos una especie de ventanilla de trámites de las propuesta del Ejecutivo para que salgan (…) Todas las iniciativas, tanto del expresidente López Obrador como de la presidenta Sheinbaum, las han sacado en fast track, sin mayor análisis presupuestal, legislativo, ni político”, opinó el diputado Pablo Vázquez.