Genaro García Luna apela sentencia en Estados Unidos y denuncia violaciones al debido proceso

La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, apeló formalmente la sentencia de 38 años de prisión que le impuso la Corte del Distrito Este de Nueva York, al argumentar una serie de irregularidades graves durante el juicio, entre ellas presunto perjurio de testigos, ocultamiento de pruebas y restricciones al derecho de defensa.

De acuerdo con documentos presentados ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib solicitaron la anulación del juicio o, en su defecto, la reposición total del proceso, al considerar que el procedimiento estuvo “irremediablemente contaminado”.

Defensa de García Luna presenta apelación contra condena de 38 años

El escrito de apelación consta de 78 páginas, acompañado de 22 apéndices que reúnen cerca de 4 mil 600 fojas. La defensa ingresó el recurso el 18 de diciembre, último día del plazo ampliado que le concedió el tribunal.

En el documento, los abogados desarrollan cinco ejes centrales que, aseguran, evidencian violaciones sustanciales al derecho de un juicio justo. Según el alegato, estas fallas influyeron de manera determinante en el veredicto del jurado y en la imposición de la pena.

Acusan perjurio de testigos clave de la fiscalía

Uno de los principales argumentos de la apelación señala el presunto perjurio de testigos cooperantes presentados por la fiscalía estadounidense. La defensa sostiene que al menos dos declarantes ofrecieron versiones falsas bajo juramento, sin que el jurado analizara adecuadamente dichas inconsistencias.

Entre los testimonios impugnados figura el de Francisco Cañedo Zavaleta, exagente federal, quien aseguró que García Luna fue secuestrado por sicarios ligados a Los Beltrán Leyva en la carretera México-Cuernavaca. Los abogados afirman que existe evidencia documental que ubica al exfuncionario en el Hospital Ángeles el día de los hechos, donde realizó un pago por un tratamiento médico de su esposa.

La defensa también acusa a Cañedo de falsear información sobre la corporación para la que trabajaba y de no haber presentado denuncia formal por el supuesto secuestro, pese a difundir su versión ante actores políticos y medios de comunicación.

Señalan inconsistencias en testimonio de exfuncionario de Coahuila

Otro testimonio cuestionado corresponde a Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila. Según la apelación, Villarreal narró hechos cronológicamente imposibles, como visitas a instalaciones que aún no existían o la exhibición de tecnología que la Secretaría de Seguridad Pública nunca adquirió durante la gestión de García Luna.

La defensa argumenta que estas contradicciones debieron invalidar su declaración o, al menos, restarle credibilidad ante el jurado.

Denuncian ocultamiento de pruebas favorables a García Luna

Otro eje central de la apelación acusa a los fiscales de ocultar evidencia exculpatoria. Los abogados señalan que agencias estadounidenses realizaron revisiones de antecedentes, pruebas de polígrafo y reuniones oficiales con García Luna sin detectar alertas de seguridad, información que no se presentó durante el juicio.

Asimismo, denuncian que la fiscalía omitió informar que al menos uno de los testigos cooperantes continuó delinquiendo mientras negociaba beneficios judiciales con autoridades estadounidenses.

Cuestionan restricciones al contrainterrogatorio

La defensa también impugnó decisiones del juez Brian Cogan, a quien acusa de limitar indebidamente el contrainterrogatorio a testigos cooperantes como Sergio Villarreal-Barragán y Harold Poveda-Ortega, lo que —según el escrito— vulneró el derecho de confrontación.

Además, cuestionan la admisión de fotografías de propiedades y bienes sin pruebas directas que los vincularan con los delitos imputados, al considerar que su presentación resultó prejudicial para el jurado.

Apelan también multa y duración de la pena

La apelación no solo impugna el juicio, sino también la pena de 38 años de prisión y la multa de dos millones de dólares. La defensa sostiene que la condena resulta desproporcionada frente a otros casos similares y que se basó en hechos que no quedaron plenamente probados.

Según el documento, la multa impuesta tampoco guarda relación con la situación financiera actual del exfuncionario, por lo que solicitan su revisión por parte del tribunal de apelaciones.