INE pide aplazar elección judicial; ¿cuál es la razón y cuánto costará organizarla?

La organización simultánea de la elección judicial con los comicios federales y locales de 2027 representa un desafío operativo y financiero para el Instituto Nacional Electoral (INE), advirtieron la consejera Rita Bell López Vences y Gregorio Aranda Acuña, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del órgano electoral. Ambos plantearon la posibilidad de aplazar este proceso hasta 2028 ante el riesgo de duplicar el gasto electoral.

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¿Por qué se quiere aplazar la elección judicial para 2028?

Fue durante el foro “Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México” que la funcionaria señaló que la coincidencia de ambos procesos implicaría una carga significativa para el organismo electoral, tanto en términos logísticos como presupuestales.

Al respecto, la consejera explicó que el proceso de 2027 incluiría no solo la renovación de las 500 diputaciones federales, sino también la elección de 463 magistraturas de circuito, 386 cargos de juzgados de distrito y cinco magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A este escenario se suman elecciones locales en al menos 17 entidades federativas, lo que incrementa la complejidad de la organización, ya que el INE debe coordinarse con autoridades electorales estatales.

Por su parte, Gregorio Aranda Acuña, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE, advirtió que realizar simultáneamente la elección judicial y los comicios intermedios sería “altamente complejo”.

Aunque reconoció que el instituto cuenta con la capacidad técnica para organizar ambos procesos, enfatizó que la magnitud de cargos a elegir y la logística requerida representan un reto considerable.

Uno de los factores más complicados, explicó, es el volumen de candidaturas en la elección judicial, especialmente en los casos de magistraturas de circuito y jueces de distrito. A esto se suma la presencia de elecciones legislativas y locales donde sí participan partidos políticos.

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Otro de los puntos críticos, señaló Rita Bell, es el manejo de la documentación electoral. La impresión, traslado y resguardo de las boletas requieren protocolos estrictos de seguridad, lo que eleva los costos y la complejidad operativa.

Además, la coexistencia de distintos tipos de elección en una misma jornada implica diseñar esquemas diferenciados para cada proceso, lo que añade presión a la estructura organizativa del INE.

¿Cuánto costaría la elección judicial?

La consejera Rita Bell subrayó que, contrario a lo que podría pensarse sobre la realización de las elecciones locales y federales junto con la judicial, la realización de elecciones concurrentes no reduce costos. Por el contrario, implica duplicar tareas como la capacitación de personal, instalación de casillas, logística de materiales y mecanismos de seguridad.

“Estaríamos hablando de 15 mil millones en este momento, porque estamos duplicando todas estas actividades y recursos que son necesarios en cada elección”, indicó.

Estimó que el costo total podría alcanzar los 15 mil millones de pesos, debido a la necesidad de replicar actividades y recursos para garantizar la seguridad y certeza de las votaciones. En el caso de la elección judicial, se estima un gasto de alrededor de 6 mil millones de pesos.

Mientras que Gregorio Aranda detalló que en una misma casilla podrían coincidir hasta 10 o más representaciones partidistas, junto con la instalación paralela de la elección judicial, en la que no intervienen partidos. Esta combinación generaría un escenario operativo complejo en un mismo espacio.

Otro elemento que complica la organización es la diferencia en los tiempos de cómputo. Mientras que en la elección judicial el conteo de votos inicia al término de la jornada, en las elecciones constitucionales este proceso comienza días después, lo que podría provocar traslapes logísticos.

Propuesta de aplazamiento de la elección judicial para 2028

Ante este panorama, se han planteado propuestas para aplazar la elección judicial hasta 2028, lo que permitiría al INE contar con mayor margen de organización y reducir la presión operativa.

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La consejera electoral señaló que esta opción podría facilitar la planeación electoral, siempre y cuando se concrete dentro de los plazos legales establecidos.

El debate sobre la viabilidad de llevar a cabo ambos procesos en 2027 continúa, mientras autoridades electorales evalúan los impactos presupuestales y logísticos de una elección concurrente sin precedentes.