La corrupción no tiene género; Alejandra Gutiérrez llega a Movimiento Ciudadano

Cuando Jorge Álvarez Máynez reclutó para Movimiento Ciudadano a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, creyó sumar a su partido el gobierno de la ciudad más pujante y próspera del Bajío, pero en realidad asoció la marca naranja a un fenómeno de corrupción ya conocido, que incluye desde compras directas a empresas amigas de la titular de la Presidencia Municipal, hasta maltrato animal criminal y ahora, un caso de peculado atribuible a la propia alcaldesa, una controvertida mujer que estaba decidida a trazas su camino hacia la gubernatura aunque ahora, parece más enfilada a un juzgado penal y un Centro de Readapación Social.

Si el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano no vio las banderas rojas que rodeaban a Alejandra Gutierrez fue porque decidió cerrar los ojos para poder creer que su fichaje para MC significaría su graduación como dirigente, operador político y sucesor de Dante Delgado.

Al final, lo único que Álvarez Máynez consiguió fue corroborar su falta de método, su ausencia de sensibilidad política, su corta visión y su exceso de entusiasmo. Eso fue lo qiue le impidió ver que Gutiérrez no es una estrella solitaria en el firmamento político esperando a ser descubierta, sino un figura radioactiva cuya orfandad obedecía justo a la toxicidad derivada de sus escándalos, malas decisiones de gobieno y a las señales de corrupción como una forma característica de transitar por el servicio público.

Autoliquidación

Información documental en poder de ejecentral indica que la alcaldesa de León se asignó a si misma, y se pagó con recursos del municipio, una liquidación millonaria a la que no tenía derecho, al concluir su primer trienio al frente del municipio.

El concepto de liquidación aparece en la declaración patrimonial de Alejandra Gutiérrez Campos, con un monto reconocido de un millón 121 mil 340 pesos, que la servidora pública reportó en el documento de fecha 30 de mayo de 2026.

Naturaleza y Monto del Pago

Concepto reportado. En el apartado de “otros ingresos no considerados”, del documento citado, la funcionaria consignó ese monto bajo el concepto de “devolución de impuestos federales / liquidación administración 2021-2024”.

Origen. El pago corresponde al término de su primer periodo como Presidenta Municipal (2021-2024).

Falta de desglose. La declaración no detalla, de forma conveniente, qué proporción del monto corresponde a la devolución de impuestos y qué parte específicamente a la “liquidación”.

Cuestionamientos Legales y Administrativos

• Inexistencia de despido. La liquidación es una contraprestación a la que se tiene derecho después de un despido injustificado. Sin embargo, la alcaldesa terminó su periodo constitucional 2021-2024 y fue reelecta de forma inmediata para el periodo 2024-2027, por lo que no hubo terminación de la relación laboral y, en los hechos, tampoco hubo cese porque nadie la despidió. Su contrato, que era por tiempo determinado y simplemente concluyó.
• Régimen Laboral. Como servidora pública municipal, la alcaldesa está sujeta al Apartado B del artículo 123 constitucional. Bajo ese régimen, los trabajadores de confianza al servicio del estado no tienen derecho a liquidación, solo al pago de prestaciones devengadas proporcionales como aguinaldo y vacaciones al momento de terminar la relación laboral.
• Jerarquía del Cargo. Aparte de que no hay despido que justifique ese pago, al ser la Presidencia Muncipal un cargo de elección popular y su titular la funcionaria de mayor jerarquía (empleada de confianza), carece de derecho a recibir una liquidación en el servicio público, pues esa prestación sólo corresponde a los empleados de base.

Las Implicaciones

• Conflicto de Interés. La liquidación fue autorizada por ella misma y pagada con recursos públicos, lo que dada la improcedencia de esa prestación, constituye un conflicto de intereses evidente.
• Posibles Delitos. Además del uso indebido de atribuciones al asignarse un pago extraordinario al que no tenía derecho, existe peculado, desvío de recursos públicos y daño patrimonial al erario municipal.
• Investigaciones. Debido a que la declaración patrimonial tiene valor de confesión jurídica y prueba documental al mismo tiempo, colectivos anticorrupción y algunos partidos se alistan para exigir una investigación sobre la alcaldesa de León, para determinar las responsabilidades que corresponden a un pago sin sustento legal y la eventual reparación del daño al patrimonio de León.

Los delitos específicos

• Peculado. Al ser un pago realizado con dinero público en beneficio de ella misma, sin tener derecho a esa prestación, podría constituir un acto de peculado.
• Desvío de recursos públicos. Sin sustento legal para ese pago, su ejecución implica un desvío de recursos atribuible a quien lo autorizó, es decir la propia presidenta municipal.
• Conflicto de intereses. El pago de una liquidación sin sustento que la beneficia a ella y fue autorizado por ella, constituye un inocultable conflicto de intereses.
• Daño patrimonial. El dinero salió del erario municipal sin justificación ni sustento legal. Quien sufrió pérdida económica fueron las arcas municipales.

Las claves

1. No hubo despido ni cese. Alejandra Gutiérrez terminó su periodo y fue reelecta inmediatamente, por lo que no hubo terminación de la relación laboral que justificara una liquidación.
2. Régimen laboral inaplicable. Como servidora pública sujeta al Apartado B del artículo 123 constitucional y empleada de confianza (el presidente municipal es el de mayor jerarquía) no tienen derecho a liquidación, solo a las prestaciones proporcionales devengadas.
3. Valor probatorio. Debido a que ella misma consignó el monto de $1,121,340 pesos en su declaración patrimonial bajo el concepto de “liquidación”, el documento tiene el valor jurídico de una confesión, lo que elimina controversia sobre la existencia del pago y del daño.

En conclusión, se trata de un caso de corrupción gubernamental, otro, que tiene como perpetradora y beneficiaria directa del peculado, a la propia presidenta municipal, en funciones, de León, pero que ahora se convierte en responsabildiad política de Jorge Álvarez Máynez y del partido que dirige: Movimiento Ciudadano, a partir de que decidió afiliar a un personaje que arrastra una lista cada vez más larga de escándalos.