Organizaciones rechazan paquete de reformas que ‘legalizan la vigilancia por parte del Estado’
Organizaciones sociales aseguran que un paquete de reformas aprobadas esta semana consolidan el poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, así como otros riesgos. Conoce cuáles son
Organizaciones advierten riesgos por reformas aprobadas que dan más poder de vigilancia al Estado
/Foto: R3D
Organizaciones sociales hicieron un llamado a frenar un paquete de reformas que, a su parecer, legalizan la vigilancia por parte del Estado mexicano contra cualquier ciudadano.
Luego de que el martes pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia, señalaron que estas “legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por ‘motivos de seguridad nacional’”.
Advirtieron que no existen salvaguardas ni controles para estas atribuciones.
Además, se eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
Ante ello, advirtieron que “la vigilancia ilegal y abusiva por parte de las fuerzas armadas es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente -como lo revela la investigación Ejército Espía– y que se ha llevado a cabo selectivamente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos”. En dichos casos, anotaron, la impunidad es absoluta.
Agregaron que estas leyes también autorizan a que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó que realizara ese tipo de labores, por considerar que se trataba de una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación.
Y criticaron que por parte del gobierno no exista “la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto”.
Sostuvieron que cada una de estas reformas, por lo que implica si se implementan en conjunto, “representan una amenaza directa para los derechos humano”.
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Organizaciones rechazan CURP biométrica obligatoria porque CNI tendrá acceso a datos
Organizaciones como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Data Cívica, Fundar, Amnistía Internacional, entre otras, también expresaron su preocupación por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobadas el 25 de junio.
Y es que, señalaron, estas “ordenan la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”.
Por otro lado, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados, y una Plataforma Única de Identidad para validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México con consultas en tiempo real.
“Esto se complementa con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, aprobada por el Senado, para la creación de la Llave MX como mecanismo de autenticación e identificación vinculado a la CURP”, anotó.
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Anotaron que “la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía a partir de la ley vigente, al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales y sin especificar las autoridades facultadas para ello”.
Además, el último dictamen incorpora a las “instancias de inteligencia” de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas, aseguraron.
“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, añadieron en su llamado a frenarlas.
