Plan B obligaría a 16 congresos locales a reducir su presupuesto
Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo, Nayarit y Michoacán, entre los estados que tendrán mayor impacto negativo
Claudia Sheinbam, presidenta de México, presenta detalles del Plan B
/Cuartoscuro
El Plan B en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum obligaría a 16 congresos locales a reducir su presupuesto, cinco de ellos tendrían que bajar su gasto a la mitad.
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La reforma constitucional que esta semana se prevé avalar en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobada por el Senado establece que el presupuesto de los Congresos locales no debe exceder el 0.70% de los recursos de la entidad correspondiente.
Esto obligaría a los congresos de Michoacán, Baja California, Guerrero, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Zacatecas, Nayarit, Chihuahua, Durango, Ciudad de México, Baja California Sur, Jalisco, Campeche, Sinaloa y Aguascalientes a renunciar a cantidades millonarias.
Los congresos con mayor impacto, si se toma en cuenta la reducción en porcentaje, serían Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo, Nayarit y Michoacán, pues estarían obligados a apretarse el cinturón y bajar su presupuesto a la mitad.
Para ajustarse al tope de 0.70%, el Congreso de Morelos debería reducir su gasto en 358.3 millones de pesos, 56.2% de su presupuesto actual. Para 2026, este Poder Legislativo que cuenta con 20 diputados tiene 637.3 millones de pesos etiquetados, lo que representa 1.69% de los ingresos del estado; además de que su presupuesto aumentó 31% en los últimos dos años, de acuerdo con información de la organización Morelos Rinde Cuentas.
El Legislativo de Tlaxcala tiene 25 diputados y con el Plan B tendría que renunciar a 292.9 millones de pesos, 58.2% de sus recursos. Actualmente tiene un presupuesto de 503 millones de pesos, 1.67% de los ingresos de la entidad.
El Congreso de Quintana Roo debería recortar 390.9 millones de pesos de su presupuesto, 50.8% de su gasto actual; el de Nayarit, 235.2 millones, es decir, 51.1%, y, el de Michoacán, 754.8 millones, casi 50% del total.
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Si el impacto presupuestal se mide en cantidad y no en porcentaje, el Legislativo de Michoacán sería el más afectado. En 2026 tiene etiquetados mil 510 millones de pesos -incluye el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado que depende del congreso local-, es decir, 1.40% de los recursos estatales. Para ajustarse al tope debería renunciar a 754.8 millones de pesos.
El Congreso de Baja California, debería bajarse 558.5 millones y, el de Guerrero, 413.6 millones menos.
Si los 16 congresos locales que gastan por encima del 0.70% de los recursos de sus estados se aprietan el cinturón y se ajustan a ese tope, se podrían ahorrar 4 mil 253 millones de pesos que serían invertidos en las entidades federativas.
De acuerdo con el dictamen del Plan B que se planea debatir este martes en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados, hay congresos que tienen gastos excesivos.
“Los congresos de Baja California, Michoacán y Morelos se encuentran entre los más costosos del país en términos de gasto por legislador, alcanzando cifras de hasta 48.1 millones de pesos, 32.7 millones y 31.8 millones de pesos por diputado, respectivamente”, refiere.
Justifica los cambios y advierte que el Plan B no implica una invasión a la soberanía de las entidades federativas, sino a la “consolidación de estándares constitucionales comunes y equitativos”.
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“En este contexto, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que establecer un límite al presupuesto de los congresos locales es una medida necesaria para evitar excesos y hacer un uso más responsable de los recursos públicos. Con ello, se busca que el gasto legislativo sea más proporcional y se liberen recursos que puedan destinarse a otras necesidades de la población. Por tanto, la reforma resulta adecuada para promover un manejo más justo, transparente y eficiente del dinero público”, destaca.
La otra mitad de entidades federativas que no sobrepasan el límite del 0.70% de los recursos del estado respectivo no podrán aumentar su presupuesto, se afirma en el Plan B.
“Las entidades federativas cuyas legislaturas, a la entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con un presupuesto anual que represente un porcentaje igual o menor al límite previsto en el artículo 116 de esta Constitución, no podrán autorizar, aprobar o ejercer para sí mismas incrementos presupuestarios reales respecto del monto aprobado para el ejercicio fiscal 2026, ni incrementar dicha proporción respecto del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente en los ejercicios fiscales subsecuentes”, destaca el artículo octavo transitorio.
De aprobarse el Plan B en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum pasará a los congresos locales para su revisión, así que las legislaturas en las entidades federativas tendrán la última votación en sus manos, la mayoría son congresos en los que tiene Morena, PVEM y PT tienes más curules.