El miércoles 25 de marzo, el Senado aprobó el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero lo que quedó en pie no merece el nombre de reforma: es un cascarón. Su pieza más ambiciosa (adelantar la revocación de mandato a 2027) fue bloqueada por el PT (Partido del Trabajo), aliado de la propia coalición gobernante. Sin ese componente, lo que se envió a la Cámara de Diputados son ajustes menores a la integración de municipios, topes al presupuesto de congresos locales y la eliminación de algunas prestaciones a funcionarios electorales. Nada que transforme el sistema político. Nada que fortalezca la democracia.
Es la segunda derrota consecutiva de Sheinbaum en materia electoral. Primero cayó el Plan A; ahora el Plan B llega mutilado a San Lázaro. Y esto no es un detalle menor: revela que incluso dentro de su propia coalición hay fisuras que el gobierno no ha podido (o no ha sabido) gestionar.
Dicho esto, sería un error pensar que lo aprobado es inofensivo. Bajo el eufemismo de “austeridad” y “eliminación de privilegios”, el dictamen toca puntos sensibles del federalismo mexicano. Reducir la integración de cabildos municipales y acotar los presupuestos de los congresos locales no es un ajuste administrativo inocuo; es una decisión política que debilita la pluralidad en el ámbito local y recorta los contrapesos a los gobiernos estatales. En pocas palabras, más poder hacia arriba, menos autonomía hacia abajo. Eso no es modernizar; es centralizar.
Hay que decirlo sin rodeos: este es ya el quinto intento fallido de reforma electoral en México. Tres del expresidente López Obrador y dos de Sheinbaum. Las propuestas cambian de nombre y de forma, pero el propósito de fondo se repite, esto es, darle a Morena ventajas en la cancha electoral. En este caso, el verdadero objetivo era colocar a la Presidencia en el centro del proceso de 2027 a través de una revocación de mandato diseñada a modo. No se buscaba fortalecer la democracia; se buscaba operar desde el poder. Al fracasar ese intento, lo que quedó fue una reforma sin contenido real, sostenida por meses de retórica y propaganda.
Aquí es donde el papel del PT se vuelve paradójico. Hablamos de un partido que difícilmente sobrevive solo, que depende de alianzas para existir y cuya presencia en la vida democrática del país ha sido más simbólica que sustantiva. Y sin embargo, fue ese partido (no por convicción ni por principio, sino en el marco de tensiones internas de la coalición) el que frenó la parte más problemática de la reforma. Algo realmente irónico, una fuerza política prescindible terminó siendo, de manera accidental, un factor de contención. Eso dice mucho del estado en que se encuentra el sistema político mexicano.
Ricardo Monreal confirmó que el dictamen fue turnado a comisiones y que se discutirá el 7 de abril en la Comisión de Puntos Constitucionales, para votarse en el Pleno el 8 de abril. Advirtió también que cualquier reforma electoral más amplia deberá esperar hasta después de 2027. El resto, por ahora, se traslada a la legislación secundaria.
Y ahí está el verdadero riesgo. Cuando Morena no logra los votos para reformar la Constitución, desplaza la disputa al terreno de las leyes secundarias, donde sí tiene mayoría. Es en ese espacio donde pueden concretarse los cambios más profundos y menos visibles; ajustes en atribuciones, recortes presupuestales, rediseño de procedimientos. En conjunto, una ingeniería discreta pero eficaz para debilitar al INE sin tocarlo formalmente. Un órgano electoral más frágil, más expuesto a presiones políticas y con menos recursos, no solo afecta la calidad de las elecciones sino que compromete la integridad de todo el sistema democrático.
El Plan B fracasó en su propósito original. Pero el guion de MORENA continúa. Y conviene no perderlo de vista.
