Rosa Icela Rodríguez explica el Plan B reforma electoral 2026: reducción de regidurías, topes salariales y cambios en fiscalización
La propuesta surge luego de que la primera reforma constitucional en materia electoral no obtuviera el respaldo necesario en el Congreso.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.
/Foto: Cuartoscuro- Andrea Murcia Monsivais
El Gobierno de México presentó este martes 17 de marzo de 2026 el denominado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa que será enviada a la Cámara de Senadores con el objetivo de reducir el gasto público en instituciones políticas y reconfigurar mecanismos de participación ciudadana. Durante la presentación, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se detallaron los ejes centrales del proyecto, que busca ajustar la estructura de ayuntamientos, congressos locales y órganos electorales.
La propuesta surge luego de que la primera reforma constitucional en materia electoral no obtuviera el respaldo necesario en el Congreso. La administración federal decidió insistir en la reducción del gasto y en la limitación de espacios plurinominales mediante esta nueva iniciativa, que modifica diversas leyes secundarias. De acuerdo con Rodríguez Velázquez, se busca que los municipios respondan a “la nueva realidad nacional” y se establezcan límites que garanticen la representación política sin excesos presupuestales.
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Reducción de regidurías, sindicaturas y topes a congresos locales
Uno de los cambios estructurales más relevantes del Plan B es la modificación en la integración de los ayuntamientos. La iniciativa contempla reducir el número de regidurías a siete por municipio, con un máximo de 15 a partir del próximo año, dependiendo de la población y características de cada demarcación. Actualmente, el número de regidores varía significativamente entre municipios, lo que ha generado diferencias en el gasto destinado a estos cargos.
En cuanto a las sindicaturas, se propone que haya una sola por municipio, eliminando la posibilidad de múltiples síndicos en los ayuntamientos. Esta medida busca homogeneizar la estructura municipal y reducir costos operativos. Adicionalmente, se establece un tope presupuestal del 0.7 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad para el funcionamiento de los congresos locales. Dicho monto no podrá ser superior a los ahorros generados por la propia reducción.
Los recursos liberados por estos ajustes, tanto en regidurías como en congresos estatales, serán destinados a obras de infraestructura pública en los propios municipios y entidades federativas, según lo expuesto por las autoridades.
Nuevas reglas para elecciones, fiscalización y revocación de mandato
El Plan B también introduce modificaciones en los procesos electorales y en la fiscalización de los recursos de partidos y candidatos. A continuación, se detallan los principales cambios en esta materia:
Cómputo electoral acelerado: Se modificará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los cómputos de las elecciones federales inicien una vez que termine la jornada electoral, conforme lleguen los primeros paquetes a los centros de cómputo, y no hasta el miércoles siguiente como ocurre actualmente.
Fiscalización con tecnología: Se contempla el uso de herramientas tecnológicas para la revisión de recursos, así como la transparencia de las remuneraciones de los dirigentes partidistas. Los partidos deberán reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado.
Prohibición de recursos ilícitos: Se añade una prohibición expresa de utilizar recursos ilícitos o de origen no comprobable en las campañas, así como de aportaciones provenientes del extranjero y donaciones en efectivo.
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Convenios con autoridades fiscales: El INE podrá firmar convenios con la Secretaría de Hacienda para la revisión de aportaciones a campañas cuando se considere necesario.
Revocación de mandato: Se propone que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo del año en que lo solicite la ciudadanía. Esto significa que el próximo ejercicio podría llevarse a cabo en 2027 o 2028, según lo que determine la petición popular.
Tope salarial y eliminación de privilegios en órganos electorales
La iniciativa plantea una reducción de privilegios en los órganos electorales a nivel federal y local. Funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y organismos públicos locales (OPLEs) no podrán percibir salarios superiores a los de la Presidencia de la República. La medida busca acabar con bonos, seguros de gastos médicos mayores y cualquier ingreso adicional que exceda dicha percepción.
En el caso del Senado, se acordó una reducción progresiva del gasto de hasta un 15 por ciento como parte de la política de austeridad impulsada por el gobierno federal. La secretaria de Gobernación enfatizó que “se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana” y que “nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta”. Agregó que los funcionarios deben tener ingresos dignos pero no excesivos, y que no puede haber “gobierno rico con pueblo pobre”.
Las leyes secundarias de esta reforma también modifican artículos específicos de la legislación electoral para establecer topes a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del INE y de los institutos locales, alineándolos con la política de austeridad del Ejecutivo federal.
Detalles clave del Plan B: cambios en municipios, elecciones y salarios
La iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, turnada al Senado este 17 de marzo de 2026, modifica diversas leyes secundarias para reducir el gasto público y reconfigurar procesos electorales. A continuación, se presentan los puntos centrales de la propuesta organizados por tema:
- Reducción de regidurías en municipios:
- Se establece un máximo de 7 regidurías por municipio como base.
- Podrá llegar hasta 15 regidurías en municipios con mayor población, a partir del próximo año.
- La medida busca homogeneizar la estructura municipal y reducir costos operativos.
- Limitación de sindicaturas:
- Solo habrá una sindicatura por municipio en todo el país.
- Se elimina la posibilidad de múltiples síndicos en los ayuntamientos.
- Tope presupuestal para congresos locales:
- El presupuesto de cada congreso estatal no podrá exceder el 0.7% del presupuesto de egresos de su entidad.
- Este monto no podrá ser superior a los ahorros generados por la reducción de regidurías y sindicaturas.
- Destino de los ahorros:
- Los recursos liberados por estos ajustes se canalizarán a obras de infraestructura pública en los propios municipios y estados.
- Cómputo electoral más ágil:
- El conteo de votos en elecciones federales iniciará al terminar la jornada electoral, conforme lleguen los primeros paquetes a los centros de cómputo.
- Actualmente el cómputo comenzaba hasta el miércoles posterior a la elección.
- Fiscalización con tecnología:
- Los partidos deberán reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado.
- Se utilizarán herramientas tecnológicas para la revisión de recursos.
- Habrá transparencia en las remuneraciones de dirigentes partidistas.
- Prohibiciones en financiamiento:
- Queda prohibido el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable en campañas.
- No se permitirán aportaciones provenientes del extranjero ni donaciones en efectivo.
- Coordinación con autoridades fiscales:
- El INE podrá firmar convenios con la Secretaría de Hacienda para revisar aportaciones a campañas cuando sea necesario.
- Nuevas fechas para revocación de mandato:
- La consulta se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
- Dependerá del año en que lo solicite la ciudadanía.
- El próximo ejercicio podría ser en 2027 o 2028.
- Tope salarial en órganos electorales:
- Funcionarios del INE, tribunales electorales y organismos públicos locales (OPLEs) no podrán ganar más que la presidenta de México.
- Se eliminan bonos, seguros de gastos médicos mayores y cualquier ingreso adicional que exceda ese límite.
- Reducción de gasto en el Senado:
- Se aplicará una reducción progresiva del gasto de hasta el 15 por ciento.
- Ajustes en artículos específicos de la ley electoral:
- Modificación al artículo 99 para limitar remuneraciones en institutos locales.
- Cambio al artículo 104 para que los cómputos federales inicien el mismo día de la jornada electoral.
La iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, presentada este 17 de marzo de 2026, introduce cambios sustanciales en la estructura de ayuntamientos, congresos locales y órganos electorales. La reducción de regidurías a un máximo de 15 por municipio y la limitación a una sola sindicatura buscan disminuir el gasto público en administraciones municipales, mientras que el tope del 0.7 por ciento para congresos estatales pretende acotar el presupuesto legislativo local.
En el ámbito electoral, la aceleración de los cómputos, el fortalecimiento de la fiscalización mediante tecnología y la prohibición de recursos ilícitos apuntan a modernizar los procesos y garantizar mayor transparencia. La eliminación de privilegios salariales en el INE y tribunales electorales, junto con la reducción progresiva del gasto en el Senado, refrendan la política de austeridad del gobierno federal. Los ahorros generados se canalizarán a obras de infraestructura, aunque la propuesta abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre austeridad y funcionamiento democrático. La iniciativa ya fue turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación.
