La crisis institucional originada por las fallas de vigilancia en el examen de admisión virtual 2026 de la UNAM ha permitido visibilizar el avance de la privatización de las instituciones públicas de educación superior del país. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional utiliza la plataforma de Territorium Life desde 2023 también para aplicar y supervisar exámenes de admisión en línea. Pero la gestión privada de procesos y organismos públicos rebasa el ámbito universitario, pues resulta que la empresa en cuestión también ha prestado sus servicios a otras instituciones de gobierno, entre ellas: la SEP, el INE, el IECM, diversos gobiernos locales (Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco o Baja California) y hasta el extinto Consejo de la Judicatura Federal.
En el caso que desató el escándalo, las autoridades de la entidad pública de educación superior de mayor prestigio en el país consideraron apropiado entregar funciones sustantivas y de seguridad institucional a una empresa de Nuevo León, específicamente a una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable enfocada en EdTech (tecnología educativa), cuyos directivos son egresados del Tecnológico de Monterrey, la principal competencia de la UNAM en el sector privado. Según los rankings de Times Higher Education y QS Latinoamérica, el Tec ya está colocado por encima de la “máxima casa de estudios”.
La anulación de los resultados de cerca de 58,400 aspirantes y la forzada reprogramación presencial (“examen de control”) revelan las patologías de la gestión administrativa en la UNAM: la tercerización de procesos evaluativos clave, la opacidad en la contratación y un deficiente control del riesgo. Para ahorrar recursos en papel, logística y personal, la burocracia dorada decidió dejar en manos de Territorium Life el porvenir de una generación de jóvenes deseos de acceder a la mejor educación superior gratuita disponible en el país con el fin de tener mejores oportunidades de empleo y movilidad social. Al tomar la decisión, la Universidad Nacional no reparó en el costo del contrato, topado en 101.7 millones y con un piso mínimo de 40.7 millones (se pagaron más de 69 millones por los exámenes de bachillerato y de licenciatura, incluidos los sistemas escolarizado, de universidad abierta y de educación a distancia). Las autoridades universitarias tampoco vieron mal optar por la adjudicación directa, pues a su juicio sólo la empresa de mérito contaba con el software (exclusividad de propiedad intelectual) y la experiencia (especialización) para dar el servicio requerido. Lo más curioso es que la burocracia dorada no les dio importancia a los antecedentes públicos de observaciones técnicas e incidentes en proyectos similares desarrollados por la SAPI de CV en cuestión.
La selección e ingreso de estudiantes exige certeza, neutralidad y estricto apego al principio de legalidad, en un contexto más amplio en el que se ponen en juego el derecho a la educación y el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la materia. Al externalizar el proceso, los mandarines de la UNAM privatizaron una función estratégica para sustituir el control institucional por una solución tecnológica automatizada a cargo de una empresa salida de las entrañas del Tecnológico de Monterrey. Pese a las declaraciones emitidas desde la Dirección General de Administración Escolar, los 16 criterios específicos de seguridad digital fueron burlados. La proliferación de fraudes y la comercialización clandestina de respuestas evidenciaron la falta de controles directos sobre el proveedor, así como la existencia de redes y negocios espurios en torno al examen de admisión. La cantidad de aspirantes que obtuvieron calificaciones casi perfectas (110 aciertos o más de un total de 120) se multiplicó por seis en comparación con años previos. Dejar en manos de un algoritmo o de un software externo el proceso muestra el nivel de captura corporativa que padece la UNAM. Además, esta delegación de responsabilidades vulneró la integridad de la Universidad Nacional, su credibilidad y su prestigio.
La terminación anticipada del contrato por “mutuo acuerdo”, formalizada el 5 de agosto de 2026, genera efectos jurídicos y procedimentales inmediatos que deben valorarse críticamente:
- Extinción contractual y opacidad en las sanciones: El cese de la plataforma bajo el esquema de mutuo acuerdo evitó la declaratoria de rescisión administrativa por incumplimiento. Aunque esta vía extinguió la relación comercial, sirvió para eludir la inhabilitación automática e inmediata de la empresa en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Federal, lo que genera opacidad en el deslinde inicial de responsabilidades.
- Ajuste financiero y congelamiento del gasto: La Secretaría Administrativa detuvo las erogaciones en 69.18 millones de pesos (calculados sobre un costo unitario de $264.31 de pesos por sustentante). Si bien el finiquito libera a la UNAM de pagar la diferencia superior a 32 millones de pesos y descarta “gastos no recuperables”, no elimina el daño patrimonial derivado de la ejecución de un servicio inútil o fallido.
- Exigibilidad de penas convencionales y garantías: La terminación del contrato mantiene vigentes las cláusulas penales por la inoperancia de los criterios de seguridad digital estipulados (tales como la autenticación biométrica y el bloqueo de navegadores). La UNAM está obligada a hacer efectivas las penalizaciones de entre 4.18 y 20 millones de pesos, así como las fianzas de cumplimiento otorgadas por el proveedor.
- Sujeción a fiscalización externa: El esquema de terminación no frena la investigación de las irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación está facultada para fiscalizar el Dictamen de Excepción a la Licitación Pública emitido el 6 de marzo de 2026 por el Comité de Adquisiciones de la UNAM, para auditar tanto el sustento legal de la adjudicación como la verificación técnica de las entregas.
Ante el fracaso del sistema privado, la Universidad Nacional se vio obligada a asumir directamente la reposición del examen de manera presencial, lo cual le impone costos logísticos extraordinarios, la elaboración acelerada de reactivos y el reajuste del calendario escolar; recursos económicos y operativos que la institución de educación superior debe absorber para reparar la fallida privatización de su evaluación.
Para el rector y sus voceros es muy fácil culpar a los aspirantes tramposos y faltos de ética. Sin embargo, las lecciones de este vergonzoso episodio deben buscarse en otro lado, pues tienen que ver con la enajenación de la administración pública. Ceder los procesos de selección a la lógica contractual privada comprometió la legalidad de sus procesos y ha menoscabado la percepción pública de la UNAM. Recomponer la certidumbre institucional exige ejecutar las penas convencionales, colaborar con la Auditoría Superior en la fiscalización de los actos de adjudicación y clausurar la tendencia de delegar funciones sustantivas a proveedores privados. Pero también abre un horizonte de reflexión indispensable sobre la cobertura de la educación superior, la incorporación de tecnologías en procesos de interés público nacional, la gestión eficiente de recursos universitarios, la ética institucional y la transparencia en la toma de decisiones, así como respecto de la democratización de la UNAM, el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores de asignatura y los usos políticos de la “autonomía universitaria” por parte de quienes ven a la Universidad Nacional como su patrimonio personal, familiar o de grupo. Ya va siendo hora de que la “máxima casa de estudios” se anime a salir del oscurantismo neoliberal.
