Tras caso del motociclista Roberto Hernández atropellado y arrastrado en Iztapalapa proponen la ‘Ley Roberto’; ¿en qué consiste?
El motociclista perdió la vida el pasado 3 de enero después de que una conductora lo arrollara y arrastrara por alrededor de un kilómetro debajo de su automóvil
El caso de Roberto Hernández ha provocado que se impulse una ley en su nombre
/Especial / befunky
La muerte de Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado en Iztapalapa, provocó protestas, movilizaciones y un llamado para crear la denominada Ley Roberto, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra conductores involucrados en muertes viales que intenten evadir la justicia en la Ciudad de México.
El caso generó una amplia reacción entre colectivos de motociclistas, repartidores y familiares de víctimas de hechos de tránsito, quienes señalaron la existencia de vacíos legales que permiten la impunidad en casos de omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente.
¿Qué pasó con Roberto Hernández en Iztapalapa?
El caso de Roberto se presentó en el cruce de Eje 6 y Periférico, donde el motociclista fue impactado por detrás por un automóvil. Tras el choque, el conductor no se detuvo y continuó avanzando, arrastrando el cuerpo de la víctima por más de un kilómetro.
El cuerpo de Roberto Hernández quedó finalmente sobre la cinta asfáltica en la intersección de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, luego de que un tope obligara al vehículo a detener su marcha. Horas más tarde, las autoridades localizaron el automóvil involucrado en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Este hecho se convirtió en un símbolo para la comunidad biker y organizaciones civiles que, desde hace años, demandan reformas para fortalecer la legislación en materia de seguridad vial y movilidad segura.
¿Qué propone la Ley Roberto?
La llamada Ley Roberto surge como una propuesta impulsada por agrupaciones de motociclistas, repartidores y familiares de víctimas viales. El planteamiento central consiste en establecer sanciones más severas para los conductores responsables de muertes o lesiones graves en hechos de tránsito, especialmente cuando exista intento de fuga o falta de auxilio a la víctima.
Los colectivos señalan que la legislación actual no contempla castigos proporcionales a la gravedad de estos actos, lo que dificulta el acceso a la justicia y la reparación del daño.
La diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, afirmó que el fallecimiento de Roberto Hernández puede marcar un punto de inflexión en el debate sobre el derecho a la movilidad segura en la capital.
“La muerte de Roberto Hernández puede significar un antes y un después para comprender que todas las personas tenemos derecho a la movilidad”, declaró la legisladora, quien señaló la necesidad de abandonar la confrontación entre usuarios de la vía y promover el respeto a la jerarquía de movilidad, que prioriza a peatones y motociclistas.
La emecista informó que se han realizado reuniones con asociaciones de motociclistas, repartidores y familiares de víctimas para integrar propuestas que permitan actualizar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Actualmente, se trabaja en una minuta que incluye experiencias de entidades como Estado de México, Puebla, Aguascalientes y Jalisco, donde ya se han realizado reformas a los reglamentos de tránsito para proteger a los motociclistas.
Colectivos motociclistas exigen justicia
Por otro lado Ada Silva, integrante del Comité Motor CDMX, subrayó en entrevista con MVS Noticias, la importancia de avanzar en la Ley Roberto tras el caso ocurrido en Iztapalapa.
“Es muy lamentable el hecho. La comunidad motociclista promueve la seguridad vial y busca que menos personas pierdan la vida en accidentes de tránsito”, expresó para destacar que este tipo de reformas buscan prevenir tragedias similares y garantizar consecuencias legales claras para los responsables.
La muerte de Roberto Hernández mantiene abierto el debate sobre la impunidad en accidentes viales y la urgencia de fortalecer el marco legal para proteger a los usuarios más vulnerables de las calles de la Ciudad de México.
