Tribunal revoca suspensiones otorgadas por juez a contratista del Gobierno federal
Las inhabilitaciones administrativas podrán ejecutarse nuevamente luego de que un tribunal dejara sin efectos las suspensiones otorgadas por un juez federal.
CIUDAD DE MÉXICO, 10OCTUBRE2024.- Sesión en al Suprema Corte de Justicia de la Nación.
/Suprema Corte de Justicia de la Nación
Las suspensiones que permitieron detener de forma temporal las inhabilitaciones administrativas impuestas a una empresa contratista del Gobierno federal fueron revocadas por un tribunal colegiado, que concluyó que esas medidas cautelares se otorgaron en contra de una jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las resoluciones originales correspondieron al juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien además participó como candidato en el proceso de elección para integrar la Suprema Corte. Las medidas se concedieron dentro del juicio de amparo indirecto 2080/2025, promovido por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México.
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Revocan suspensiones por criterio de la Suprema Corte
El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó los recursos de revisión R.A. Inc. 14/2026 y R.A. 189/2026, con los que dejó sin efectos las suspensiones definitivas emitidas por el juzgado y confirmó que las inhabilitaciones podían ejecutarse.
Las sanciones fueron impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y por el Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En su resolución, el tribunal sostuvo que existía un criterio obligatorio de la Segunda Sala de la SCJN —la jurisprudencia 2a./J. 157/2010— que impide conceder suspensiones cuando su efecto consiste en frenar una inhabilitación temporal para participar en licitaciones públicas o celebrar contratos con el Estado.
Los magistrados también señalaron que ese tipo de medidas cautelares incide en disposiciones de orden público vinculadas con el artículo 134 de la Constitución, el cual establece que los recursos públicos deben administrarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. A su consideración, suspender una inhabilitación afecta el régimen constitucional que regula las contrataciones gubernamentales.
La resolución se aprobó por unanimidad de votos de las magistradas Pilar Maciel Aldana Huerta, presidenta del tribunal, y Ana Yadira Alarcón Márquez, ponente del asunto, además del magistrado Rolando González Licona.
Contratos millonarios y efectos de las resoluciones
Mientras las suspensiones permanecieron vigentes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control del IMSS publicaron diversas circulares en el Diario Oficial de la Federación para informar a las dependencias federales que las inhabilitaciones quedaban temporalmente sin ejecución y que sus efectos se modificaban durante la vigencia de las medidas cautelares.
La última de esas publicaciones apareció el 18 de diciembre de 2025. En ella se notificó que debía suspenderse la ejecución de las inhabilitaciones, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su registro en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, mientras continuara vigente la suspensión concedida en el juicio de amparo.
Con la resolución del tribunal colegiado, esas medidas cautelares quedaron sin efectos y las determinaciones del juzgado fueron revocadas al estimarse incompatibles con el criterio obligatorio de la Suprema Corte.
Información pública de Compras MX indica que Grupo de Seguridad Privada Pryse de México ha obtenido 325 contratos con dependencias del Gobierno federal entre 2017 y 2026, por un monto superior a 14 mil 467 millones de pesos. De esa cifra, 5 mil 543 millones de pesos corresponden a contratos celebrados durante 2025.
Al momento de esta publicación, la consulta realizada al directorio público de proveedores sancionados no mostraba registros vigentes a nombre de Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, pese al procedimiento administrativo y judicial relacionado con las inhabilitaciones.
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