La captura de la esposa de Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel Aispuro, sólo es la pieza de un engranaje más elaborado y grande en la mesa de juego del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, del que México debe estar muy alerta.
No se trata sólo de lo poco que ella sabe de la operación del grupo criminal, o los varios nombres de personajes que identifica o escuchó a lo largo de los 15 años que ha vivido junto al líder del Cártel de Sinaloa. Va mucho más allá, es según parece, una jugada a tres bandas.
La primera tirada pasa por la amenaza que existe en contra de Coronel Aispuro, con tan sólo 32 años de edad, y que le significará pasar cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, lejos de sus hijas y familia, y sin esperanza alguna de visitar a su esposo, algo que es muy importante para Guzmán Loera.
Esto puede ser un aliciente para declarar sobre esos personajes de interés para Estados Unidos, pero también sobre el dinero que no han podido incautar a su esposo. La única puerta abierta en este caso, que el Chapo y ella negocien.
El segundo golpe, validar judicialmente los testimonios que forman la batería de ataque del Departamento de Justicia contra el Cártel de Sinaloa y funcionarios o exfuncionarios mexicanos que están ya detenidos en Estados Unidos y otros no. Un caso con el que podrán exhibir nuevamente la corrupción institucionalizada que persiste en México. Una forma de presión para el gobierno mexicano.
Tercer golpe, si bien el Cártel de Sinaloa ha sido penetrado por las agencias estadounidenses a través de testigos y el uso de herramientas tecnológicas, no ha sido suficiente, y sumado a las luchas internas y los reajustes de mandos les han impedido, aseguran, mantener un seguimiento más cercano sobre nuevos liderazgos y reacomodos; así como nuevos socios y cómplices desde el gobierno como en otros países. La captura, por sí, removió contactos y posiciones del clan Sinaloa, incluso de sus enemigos, algo que ya fue registrado.
Después de la primera fuga de Guzmán Loera de un penal de máxima seguridad de México, el FBI y la DEA convirtieron al líder del Cártel de Sinaloa en uno de sus objetivos del que fueron, poco a poco, recopilando información, especialmente el Buró Federal de Investigaciones.
Al documentar el caso también acumularon información sobre funcionarios que a lo largo de los años fueron ayudando al capo en sus operaciones y protección. En esa extensa red aparecen no sólo servidores públicos de Sonora, Sinaloa y Durango, también militares y personajes federales, no todos de interés para el FBI. Pero quienes sí están en la lista como blancos de gran utilidad, aseguran que están vinculados a dos grupos políticos, uno de Chihuahua y otro de Veracruz, y que tienen en común que fueron funcionarios en el sistema de prisiones federales: los llamados chihuas y los yunes, así los identifican.
El que apareciera la vinculación de Emma Coronel en las fugas de su esposo fue también un mensaje de la información que posee el FBI sobre los verdaderos responsables y beneficiados.
Un dato más: Dámaso López, conocido como el licenciado, es la pieza que tiene toda la información sobre esos dos grupos políticos, y muchos más personajes, y esta semana se confirmó el alcance de su negociación: tan sólo 14 años de prisión, que podrán reducirse a 10, estancia en una prisión de muy mediana seguridad en Pensilvania. Su hijo Dámaso López Serrano, ubicado en una cárcel en San Diego, también pronto consumará el acuerdo que le garantice seguridad, dinero y pocos años de encierro.
El tejido de este caso es lo que podría poner en unos años, contra la pared y ante la justicia estadounidense a varios de los funcionarios que hoy trabajan en el gobierno lopezobradorista.