Muy pronto el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz salió de las noticias de primera plana y hasta dejó de mencionarse —salvo por las detenciones que se han dado de algunos presuntos responsables—, y luego fue opacado por el extraño ataque al secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch.
Lo mismo había ocurrido con el crimen, el 3 de junio pasado, de la diputada de Colima por Morena, Anel Bueno Sánchez, quien fue secuestrada y luego encontrada en una fosa del municipio de Tecomán.
De confirmarse que el ataque a García Harfuch fue cometido por integrantes del crimen organizado vinculados directa o indirectamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (y las inconsistencias en la mecánica del atentado no da un giro al caso), los tres ataques tendrían un denominador común: este grupo criminal y los grupos asociados; así como sus escisiones han decidido atacar al Estado en cualquier lugar de territorio si ven cualquiera de sus intereses amenazados. Es decir, es un Estado paralelo.
Si esto se suma a que al presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera que no le dicen la verdad, sólo números, sobre la situación de inseguridad en el país y, por el contrario, le cuentan la historia fácil de que los jueces son corruptos o que la violencia es un problema sólo local, entonces la situación se agrava más.
En resumen, los servidores públicos honestos, de los órganos de seguridad y justicia, están bajo amenaza. Se hace indispensable protegerlos, realizar verdaderos análisis de riesgo y, de ser necesario, dotarlos de seguridad.
La semana pasada en este espacio mencionamos los nombres de 15 jueces y magistrados a quienes se les retiró la seguridad, a pesar de existir elementos que se constituyen amenazas en su contra por su trabajo.
Contaré los primeros de estos casos. Al juez Roberto Roldán Olvera le dotaron de escolta porque sustituyó al juez Vicente Bermúdez que fue asesinado (ahora se sabe que sería su esposa la posible responsable) y que poco antes detectó corrupción al interior de su oficina y que servían a capos presos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Él pidió que le quitaran los agentes de seguridad, porque se había eliminado el apoyo para pago de gasolina y servicios, y resultaba muy costoso sostenerlos de su bolsillo.
Al juez Eutimio Ordóñez le otorgaron seguridad porque atendía casos sensibles al estar adscrito al estado de México, cuando lo cambiaron a un juzgado de amparo, como si desapareciera el riesgo, le quitaron la escolta y la camioneta blindada, a pesar de que advirtió, poco antes del retiro, que lo habían estado siguiendo.
Las razones para que al juez Breyman Labastida recibiera seguridad, es que atendía un caso de extradición sensible. Una vez que lo cambiaron de juzgado le quitaron la escolta, sin explicación ni análisis de riesgo.
Algo similar ocurrió con el juez Óscar García Vega, a quien le quitaron la escolta tres meses después de que lo cambiaron de oficina judicial. Y al juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo, a quien también por el cambio, se decidió que ya no necesitaba la escolta; no importe que informara que a él y a su esposa los habían estado siguiendo, tan grave fue que ella un día entró en pánico.
Al juez Samuel Sánchez Sánchez le brindaron seguridad por los juicios penales sensibles que tenía a su cargo, pero cuando se transformó en una oficina especializada en amparos, sin análisis de riesgo le quitaron la seguridad.
Y la juez Guillermina Matías debió utilizar escolta no sólo por los casos delicados que tenía a su cargo, sino porque recibió amenazas poco después que llegó, y descubrió y denunció presuntos actos de corrupción interno. La historia terminó igual que los anteriores, la cambiaron de adscripción y perdió la escolta.
Los juzgadores desconocen, en todos los casos, si se elaboró un análisis de riesgo, para determinar si ya no eran vulnerables. Hace falta que la Corte revise cada caso. La próxima semana contaremos los casos de los ocho magistrados que han sido abandonados.