Tres hechos ocurridos en tan sólo 96 horas, se integrarán al registro histórico de cuando comenzó la violencia que se experimentará en el proceso electoral 2024. Se trata del asesinato de tres promotores, dos de Adán Augusto López, y uno de Marcelo Ebrard, dos en Veracruz y uno en Guerrero.
Más allá de los descartes, las especulaciones o dudas que despiertan los casos de Zayma Zamora (asesinada en Poza Rica el 25 de julio) y el incidente aéreo que le costó la vida al empresario Daniel Flores Nava (ocurrido el 28 de julio), ambos aliados del tabasqueño; así como del asesinato en la carretera del Sol del también empresario José Guadalupe Fuentes Brito y de su hijo de 20 años, José Manuel Fuentes Calvo (el 29 de julio), se trata de personajes que directa o indirectamente colaboraban con ambos aspirantes morenistas.
Y más allá de que la mente nos lleve de inmediato a pensar que algunos de esos tres casos de homicidio están relacionados con grupos criminales y que desde esos poderes fácticos provendrá la violencia, en realidad no serán los únicos entes que meterán las manos para defender sus intereses, más bien serán demasiados los grupos de poder y varios de ellos no están claramente en el radar de observadores e involucrados en el proceso.
Un primer sector, sin duda, son los grupos criminales que apropiados ya de territorios en más de la mitad del país y relacionados con políticos y/o empresarios locales, están asumiendo el control de político para garantizar ser intocables, negocios legales y movilidad absoluta. Qué tanta violencia ejercerán y en qué magnitud se darán amenazas, secuestros, desapariciones o asesinatos, a candidatos, líderes sociales y la población, está por verse.
Un segundo sector lo integran grupos radicales de izquierda y derecha, no sólo político-ideológicos sino también religiosos, tanto nacionales como con vínculos muy claros en Europa, Asia, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica. Cada uno defendiendo sus propios intereses y están tratando de influir en la agenda política y en la definición de proyecto de nación del país para los próximos seis años; así como en la nominación de candidatos, puestos clave de esos 20 mil cargos que estarán peleando por el voto el próximo año. Son radicales y están dispuestos varios de esos grupos, con poder, dinero o influencia, a golpear las instituciones, generar caos o inestabilidad, lo han hecho ya en otros países del Continente.
En el tercer sector aparecen las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que han estado operando en las elecciones de otros países latinoamericanos, ante lo que consideran una de las mayores amenazas para su país, la presencia de China, Rusia e Irán, en el Continente, en un contexto de guerra en Ucrania y de severas tensiones con los chinos que podrían llevar a una confrontación más radical. La estabilidad de México y la garantía de que no sean grupos radicales los que estén en el poder ni vinculados a sus enemigos para proteger su frontera y su economía, son algunas de las metas que importan a estas oficinas que representan los intereses estadounidenses. Espionaje, alianzas y operaciones encubiertas, estarán presentes en el escenario electoral mexicano.
Otras entidades de poder se conjugan, precisamente, en la presencia de los rusos, chinos, venezolanos e iraníes. Se trata de proteger sus intereses económico y geoestratégicos, y los estadounidenses no descartan que pretendan operar las redes sociales a favor de los grupos que los apoyan, además de apostarles con recursos. En este sector también habrán operaciones de sus agencias de seguridad, creando caos, confusión o fake news, o cualquier recurso que consideren necesario.
Así las cosas, el gobierno y las instituciones electorales, como el INE, los órganos locales y los tribunales federales y locales, lo partidos políticos y la población pueden quedar atrapados en más de una batalla con objetivos poco claros y muy peligrosos.
Un apunte final, que muestra cómo se conectan los grupos de interés en América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intenta salvarse proponiendo muy anticipadamente una nueva fiscal, entre las tres candidatas aparece Ángela Buitrago, quien hasta hace unos días formaba parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa en México, justo a tiempo termino sus labores acá. Desde territorio colombiano comentan que de las propuestas es la que menos trayectoria tendría, pero sí es la más cercana al gobierno que podría enfrentar cargos criminales, pues Nicolás Petro, hijo del mandatario confesó que ingresó dinero de manera irregular a la campaña de su padre.