Una revisión del sistema postal mexicano, por parte de agencias estadounidenses, puso en evidencia hace unos meses que “era un desastre”. El vehículo perfecto para el traslado de todo tipo de material ilícito. Su vulnerabilidad es tal que podría ser utilizado para acciones terroristas, con el traslado de productos para ese fin. Algo similar ocurrió con el transporte de mercancías (importación) desde puertos o las fronteras dentro del territorio.
La alerta es de tal nivel, que parte de los recursos estadounidenses para apoyar la seguridad en el territorio se planean invertir en esos dos sectores, porque representan espacios vulnerables para la seguridad de Estados Unidos, de acuerdo a su diagnóstico.
Pero la inseguridad no termina allí. Las mafias que operan a través de la mensajería o transporte de mercancías por el país, de acuerdo con los investigadores estadounidenses, están ligadas con las que llevan a cabo delitos, especialmente robo, contra el transporte carretero.
En algunos casos es la misma, dependiendo los productos, en otra se asocian, y en otras simplemente rosan las franjas criminales como el caso de la piratería.
Entre los productos de trasiego se ubican desde pornografía, armas, drogas, minería, insumos ilegales por falta de permiso o ser dañinos o peligrosos para la salud, tabaco, bebidas alcohólicas, y toda clase de piratería. Estas operaciones incluyen medicamentos.
La mensajería es una forma de distribución de los productos ya sea robados, de manufactura pirata o creados para el mercado interior, como las drogas.
Esta información y muchos detalles más, forman parte de investigaciones y rastreo de información por parte de las agencias estadounidenses, que continuamente monitorean y pueden establecer, en muchos de los casos, cuáles son los insumos de alto riesgo para su traslado por ser atractivos para el mercado ilícito, las rutas, las capacidades de los grupos criminales y parte de la estructura operativa. De esta forma pueden cuidar esos materiales que son sensibles.
Es en este marco en el que ocurrió el robo de medicamentos oncológicos de las bodegas de la empresa Novag Infancia. No es sólo mano negra o maldad contra un gobierno. Es peor, grupos criminales que, con su actuar, desafían al Estado.
Un Estado que ha concentrado toda sus capacidades de inteligencia bajo el control de las Fuerzas Armadas, y que además no cuenta con un buen sistema que permita la toma de decisiones adecuadas. Hay centenares de ejemplos en el país, y este es uno de ellos, cometido en sus narices en un tema sensible, de vida o muerte, y con ramificaciones políticas.
En este caso, es notoria su incapacidad de contar con información previa para proteger este tipo de insumos considerados de gran valor, la falta de coordinación y reacción.
Eso ha colocado en desventaja a los investigadores, que por ahora están perdidos en un mundo de datos y testimonios que están recabando.
Fue una operación perfectamente articulada por un grupo criminal que, de acuerdo a las primeras pruebas, contó y cuenta con la capacidad operativa de movilidad y protección, y de información de funcionarios públicos, y de empleados de las empresas involucradas, que le permitió dar seguimiento a la compra y almacenaje de los productos, ubicarlos y sustraerlos.
Los ejemplos internacionales muestran que este tipo de grupos forman parte de redes que opera bajo pedido, y probablemente los productos ya están vendiéndose en otro país a estas alturas.
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba, como decenas de veces antes, que el tema de seguridad se está resolviendo, y como ya no hay ligas entre funcionarios y criminales se está avanzando. No, no es así, la realidad se estrella contra las palabras.