Una demanda histórica

29 de Abril de 2024

María Idalia Gómez
María Idalia Gómez

Una demanda histórica

maria idalia gomez

El camino que eligieron los periodistas de El Faro, diario digital de El Salvador, puede establecer una ruta sin precedentes y de enorme importancia para reporteros y reporteras de México, y hasta de toda América.

El miércoles 30 de noviembre, 13 integrantes de la redacción y dos administrativos salvadoreños presentaron una demanda ante una corte del Distrito Norte de California contra la empresa NSO Group, dueña y diseñadora del software espía Pegasus, uno de los programas más efectivos para sustraer información completa de los celulares elegidos, sin que el propietario se dé cuenta, y que sólo es vendido a los gobiernos. La acusación se centra en el uso de sus licencias, por parte de autoridades, para espiar.

Los abogados de las y los periodistas de El Faro (uno de los medios con mayor reconocimiento en el Continente) son del The Knight Institute, una organización con sede en la Universidad de Columbia, y que optaron por esta vía para lograr una justicia integral y efectiva, ya que en El Salvador no existen garantías de que las investigaciones avancen ni sean detenidos y sentenciados los responsables del espionaje a los reporteros y reporteras.

Pero adicionalmente lo hicieron en la misma Corte en donde Apple demandó a NSO Group en 2021, por utilizar a sus dispositivos para ejecutar el espionaje y busca prohibir que lo haga nuevamente.

“Lamentablemente hemos tenido que buscar un tribunal en otro país, porque no existe ninguna posibilidad de que en El Salvador podamos obtener justicia, o siquiera información oficial sobre cómo y qué agencia gubernamental nos ha espiado y tiene en su poder todos los contenidos de nuestros teléfonos”, escribió el periódico citando a su director, Carlos Dada (https://cutt.ly/t1P66n8).

Si la Corte considera los argumentos como válidos y falla a favor del equipo informativo salvadoreño, habrán abierto una puerta fundamental a otros informadores.

Pero ¿en qué consiste el caso? El punto de partida es que la empresa tiene la responsabilidad de vigilar que su software sea usado adecuadamente, en la persecución de delitos, y no sólo justificarse con venderlo únicamente a autoridades. El siguiente punto de la demanda es que con sus omisiones y acciones NSO Group violó leyes federales y locales estadounidenses al intervenir teléfonos de las y los periodistas.

¿Qué buscan con este juicio?, al menos tres cosas muy específicas: que la compañía identifique, regrese y elimine toda la información obtenida a través de estos ataques; que se prohíba a NSO Group volver a ejecutar Pegasus contra los miembros de EL Faro, y que la Corte federal emita una orden para que la empresa esté obligada a revelar el cliente que estuvo detrás del espionaje a las y los 22 periodistas de El Faro.

“Esta es la primera vez que periodistas que han sido víctimas de ataques con Pegasus presentan una demanda en una corte federal de Estados Unidos. Carlos Dada, director y fundador de El Faro cuyo teléfono fue intervenido durante 167 días, describe esta demanda ‘como un intento por defender nuestros derechos’”, se describe en la nota de El Faro. Y es verdad, no existe precedente y de concederles la razón la Corte, no habrá forma de impedir que se conozcan los responsables de ese ataque a la libertad de expresión en. El Salvador.

A partir del fallo que se dé, otros periodistas, como los mexicanos que fuimos espiados, podríamos presentar una demanda en California, exigiendo exactamente lo mismo, y será entonces que se revele si fue la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong o su Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional que dirigió su amigo Eugenio Imaz, o la entonces Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, o las Fuerzas Armadas, las que vigilaron y robaron información de decenas de reporteros y reporteras o columnistas.

Ya que las demandas en la CNDH y la ahora Fiscalía General de la República no avanzan en México, esta ruta podría ser la vía, y serían exhibidos Rosario Piedra y Alejandro Gertz Manero, por sus omisiones o incapacidad de ofrecer justicia y proteger la libertad de expresión.