1ER. TIEMPO: El día de la reivindicación. La guerra no declarada tiene momentos simbólicos. El derribo de un helicóptero militar el 1 de mayo de 2015 con un RPG-7, un lanzacohetes tierra-aire ruso, marcó un antes y un después: el día en que el Cártel Jalisco Nueva Generación decidió confrontar al Estado mexicano en campo abierto. Nueve elementos federales muertos y un mensaje inequívoco: no eran una banda criminal, sino una organización con capacidad paramilitar. Desde entonces, la escalada ha sido constante. Emboscadas a convoyes, minas artesanales en brechas rurales, drones con explosivos, bloqueos simultáneos para aislar zonas operativas. La lógica es militar: fijar al adversario, desgastarlo, exhibirlo. En 2023, en Teocaltiche, tres soldados cayeron en una emboscada. En 2024, en Cotija, el uso de artefactos explosivos volvió a colocar al Ejército en un escenario de guerra irregular. En 2025, ataques coordinados en los límites de Jalisco y Michoacán dejaron militares muertos y heridos. Cada episodio tiene un patrón: inteligencia previa, movilidad, superioridad táctica local y una narrativa de desafío. El punto de inflexión fue la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, el domingo pasado, aunque la represalia fue inmediata con decenas de agresiones coordinadas contra fuerzas federales desde El Grullo, a menos de 100 kilómetros de donde abatieron a El Mencho, particularmente contra la Guardia Nacional. El saldo de 25 elementos federales muertos en unas horas no es sólo una cifra; es la evidencia de que el CJNG concibe la confrontación con las fuerzas armadas como parte de su estrategia de supervivencia y cohesión interna. Golpear al uniforme para mantener la moral propia. Lo que está en juego no es únicamente la estadística de bajas. Es el monopolio de la fuerza. Por eso, precisamente, cuando el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, se quebró momentáneamente el lunes pasado cuando descrió una operación de las fuerzas especiales que en menos de 48 horas planearon y ejecutaron una acción casi perfecta contra Oseguera. El general, que recordó en la misma conferencia aquella persecusión por Ayutla en 2015, frustrada porque policías federales en Guadalajara, en la nómina del cártel, avisaron que iban por el líder, ha visto a lo largo de estos años cómo quedaban sus soldados tras enfrentamientos que eran casi unilaterales, porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador tenía terminante prohibido que respondieran con fuego. Solo recibían metralla. Trevilla se quitó esas ataduras y mostró con un orgullo la misión cumplida, como definió el abatimiento de El Mencho, una reinvicación incuestionable de las Fuerzas Armadas, y el regreso al uso legítimo de la fuerza al Estado mexicano.
2DO. TIEMPO: Detrás del quiebre. El general Ricardo Trevilla no lloró. O, al menos, no frente a las cámaras. Pero hubo un instante -breve, casi imperceptible-, en el que la voz se le quebró al hablar de sus soldados caídos en los enfrentamientos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un llanto contenido. Y en esa contención cabía todo: la disciplina castrense, el peso del mando y la conciencia de que la guerra que libran no tiene desfile de victoria. En México hemos normalizado que los militares patrullen calles, construyan aeropuertos y administren aduanas. También hemos normalizado que mueran. Lo que no hemos querido normalizar, porque implicaría aceptar la profundidad del problema, es que han estado combatiendo a un enemigo con capacidad de fuego, inteligencia territorial y voluntad ofensiva. El CJNG no es una pandilla rural ni una célula improvisada. Es una organización con doctrina de confrontación directa al Estado. Lo ha demostrado con emboscadas, drones artillados, explosivos improvisados y ataques coordinados contra convoyes militares. En varios puntos del país, de Jalisco a Michoacán, de Guanajuato a Zacatecas, en Colima y Nayarit, en Chiapas y Tabasco, la disputa territorial ha tenido características de guerra irregular. Y en esa guerra, los soldados mexicanos han caído. El general Trevilla habló de honor, de deber, de lealtad. Son palabras que en el discurso público suelen desgastarse por repetición. Pero cuando se pronuncian después de recoger cuerpos envueltos en la bandera, recuperan su densidad. Cada soldado muerto no es una estadística: es una familia que recibe un ataúd sellado y una explicación incompleta. El secretario de la Defensa no es un académico o un general sin experiencia de campo. Al contrario. Viene del arma de Caballería, que es una unidad táctica de alta movilidad, que no anda en caballo - tiene una montura como adorno en su oficina-, salvo en eventos ceremoniales, sino en vehículos blindados, como el Sand Cat, que es uno táctico y artillado, o el DN-11, construido con su inspiración en la Secretaría de la Defensa. Trabajó en las dos fronteras y una de las zonas más calientes del país, Apatzingán, y en el sexenio pasado fue jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. En la lucha de más de una década con el CJNG, vio como masacraban a soldados, a oficiales, a sus compañeros, y cómo les etregaban los cuerpos destrozados por las Barret y las minas, por las bombas y los lanzacohetes. El general no lloró, porque a los generales no se les permite llorar en público. Pero el país debería hacerlo. No por debilidad, sino por conciencia. Porque cuando los soldados mueren en emboscadas del CJNG, no sólo cae un elemento del Ejército: se erosiona un poco más la autoridad del Estado. Y la pregunta que flota, incómoda, es si estamos dispuestos a asumir lo que implica recuperar esa autoridad. O si seguiremos administrando el llanto contenido, mientras los funerales se vuelven rutina.
3ER. TIEMPO: La reinvindicación. La explicación de cómo las fuerzas especiales del Ejército encontraron, cazaron y abatieron a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del cártel más grande e importante por su expansión, fuerza intercontinental y brutalidad, fue un momento de recuperación del orgullo militar que proyectó el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, que por primera vez en largo tiempo -más de dos sexenios-, pudo decir “misión cumplida”. Desde que abatieron a Ignacio Coronel, un legendario capo dentro del Cártel del Pacífico, en Zapopan en 2010, traicionado por El Mencho, en ese entonces su lugarteniente, el Ejército había ocupado un asiento en la segunda fila en la lucha contra el narcotráfico, relegado por los marinos y la vieja policía federal. Paradójicamente, fueron soldados, utilizados para patrullajes más que para operaciones tácticas, quienes pagaron una mayor cuota de sangre frente al CJNG. Es cierto. México ha tenido cárteles violentos, pero lo distintivo del CJNG ha sido su decisión de confrontar directamente a las Fuerzas Armadas con tácticas de insurgencia criminal. Esa elección elevó el conflicto a otra categoría, donde la asimetría entre quien no rinde cuentas, como los criminales, y quienes sí están obligados a esas reglas, como el Ejército, prolongó la confrontación y normalizó las bajas militares, erosionando la percepción de autoridad. La pregunta pendiente desde hace más de una décad era si la respuesta del Estado lograría reducir esa capacidad del CJNG, o si, por el contrario, seguiría administrando una guerra que nadie declaró pero que todos padecen. El problema no era que el Ejército combatiera, sino se embarcara en esa lucha sin que el país decidiera, con claridad política, que está en guerra contra organizaciones criminales con poder de fuego equiparable al de un ejército irregular. Se les envía a operar, pero se regatea el lenguaje. Se habla de “generadores de violencia”, no de fuerzas insurgentes del crimen organizado. Se administra la narrativa mientras se multiplican los funerales. La operación contra El Mencho cambió las reglas del juego. El llanto contenido del general fue también el límite de una institución que ha asumido tareas civiles mientras sigue enterrando a sus hombres. La militarización administrativa no reducía el riesgo en el terreno. Al contrario: ampliaba la exposición. Y mientras el CJNG mantenía su estrategia de desafío frontal, cada operativo era una moneda al aire que caía sobre una caprichosa paradoja, que el Ejército es, según las encuestas, la institución con mayor confianza ciudadana, que descansa en una premisa tácita: que su sacrificio es necesario y que alguien, en la cúspide del poder, tiene un plan estratégico de largo plazo. Si ese plan no existía o no se ejecutaba con coherencia, el sacrificio se convertiría en desgaste. El secretario, por la forma como se plantó en Palacio Nacional y proclamó que lo que hicieron, mostraba la existencia ese plan estratégico a largo plazo, entendiendo lo que la acción significaba políticamente. Los mexicanos de bien, que no ven todo bajo el prisma electoral, lo aplaudieron y agradecieron.
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