En una de las investigaciones más completas realizadas por la prestigiada ONG estadounidense, denominada en inglés “International Consortium of Investigative Journalists” (ICIJ), publicada el año pasado y titulada “The Coin Laundry”, se demuestra que las criptomonedas y su uso son hoy una de las actividades criminales más importantes, utilizadas no solo por algunos vivales, sino también -y de manera creciente- por organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La investigación involucró a más de 100 periodistas de más de 30 países, incluído México, durante 10 meses, y sus principales hallazgos indicaron que el crimen organizado está muy activo en este negocio.
Los investigadores revisaron miles de documentos de transacciones; incluyeron entrevistas a víctimas de estafas y encontraon, por ejemplo, que los cárteles de las drogas tenían relación incluso con hackers de Corea del Norte para realizar las operaciones.
También hallaron que millones de dólares, utilizando criptomonedas, están fuera del alcance de los organismos reguladores en ciudades tan importantes como Hong Kong, Toronto, Londres o Estambul, por mencionar algunas.
Refieren un caso sorprendente: el de una persona, Vladimir Okhotnikov, quien calculan que, usando criptomonedas, robó al menos 340 millones de dólares entre 2020 y 2024. Según la información, los fiscales estadounidenses lo denunciaron en 2023, pero se refugió en Dubái, donde vive libre, e incluso es una celebridad que financia toda una serie de eventos, incluyendo una película dirigida por Kevin Spacey, cuyo argumento, en parte, escribió el propio Okhotnikov.
Según el ICIJ, las autoridades de todo el mundo han impuesto multas o alcanzado acuerdos, lo que ha permitido recuperar 5.8 mil millones de dólares, aunque las pérdidas para las empresas y las personas que han sufrido robos por criptomonedas se calculan en 9.3 miles de millones de dólares en 2024, según la información obtenida del FBI.
Otra ONG norteamericana, denominada Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), establecida en 2011 y con más de 100 organizaciones en su seno, de Estados Unidos y de otros países, ha sido persistente en promover regulaciones para combatir el lavado de dinero, como fue en 2021 la aprobación, por el Congreso del vecino del norte, de una ley que permitiera actualizar la lucha contra este mal.
Por lo anterior es que resultan no sólo sorprendentes, sino significativas, las decisiones tomadas por el actual gobierno de Estados Unidos que, ante el incremento de estas operaciones ilícitas -muchas de ellas realizadas en ese país o a través de sus bancos-, han reducido el número de funcionarios dedicados a estos temas dentro de la dependencia encargada de vigilar el lavado de dinero, denominada en inglés Internal Revenue Service (IRS). Según la información obtenida por el ICIJ, se ha reducido el número de personas al nivel que tenía hace nueve años. Actualmente quedan tan solo 139 agentes; el año pasado eran 208.
Entre otras medidas también erróneas que han tomado, es la de una unidad del Departamento de Justicia que investigaba hechos delictivos producto de las criptomonedas, y que simple y sencillamente la cerraron. Asimismo, el ICIJ, dando seguimiento a las acciones del gobierno, han encontrado que en más de 12 empresas dedicadas a las criptomonedas y cuyas investigaciones estaban en curso se han cancelado los procesos, y adicionalmente, el presidente ha perdonado -con base en las facultades que tiene- a varios ejecutivos que se habían declarado culpables de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Todo esto lo único que indica es que, por un lado, nos presionan para actuar y, por el otro, en su país relajan la vigilancia, las sanciones e incluso perdonan. Sería muy conveniente que se les hiciera ver la inconsecuencia de sus acciones en este tema.
