Hay una forma de hacer política comercial que se mide en titulares, y hay otra que se mide en resultados. En medio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, ha optado, con método y disciplina, por la segunda.
Desde que Washington confirmó que no extendería el acuerdo por dieciséis años adicionales y que, en cambio, el T-MEC entraría en un esquema de revisiones anuales hasta 2036, la tentación política habría sido responder a cada declaración, cada gesto arancelario, cada mensaje lanzado desde el otro lado de la frontera. Ebrard eligió otra ruta: la de no dejarse arrastrar por la coyuntura y sostener, mesa tras mesa, una posición construida sobre datos y no sobre reacciones.
Ese temple se notó desde el primer momento. Cuando Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, informó que su país no estaba en condiciones de prorrogar el tratado, el secretario de Economía no respondió con urgencia ni con drama. Dijo, en cambio, que México “no tiene prisa”, pero tampoco permitiría que la incertidumbre se instalara como estado permanente para la inversión y el comercio. Es la diferencia entre gobernar para la nota del día y gobernar para el interés del país a mediano plazo.
El argumento más sólido de Ebrard, y quizá el que menos se ha subrayado en la cobertura noticiosa, es el que redefine el lugar de México en la ecuación comercial de Norteamérica. La conversación pública suele reducir a México al papel de proveedor: la fábrica que exporta, el país que necesita el mercado estadounidense más de lo que Estados Unidos lo necesita a él. Ebrard ha insistido, con cifras en la mano, en que esa lectura es incompleta.
En los primeros cuatro meses de 2026, Estados Unidos importó bienes mexicanos por casi 189 mil millones de dólares, una porción significativa de sus compras totales al mundo y con crecimiento anual de un dígito alto. Pero esa cifra solo cuenta la mitad de la historia. La otra mitad es que las cadenas de manufactura, logística y abastecimiento que hoy sostienen a industrias enteras en Estados Unidos —desde el sector salud, que depende de insumos que hoy se producen en la región, hasta la electrónica y el sector automotriz— dependen también de lo que México compra, ensambla y mueve hacia el norte. Ebrard ha convertido esa interdependencia en un argumento negociador: las empresas estadounidenses con operaciones en México no son actores neutrales frente a la revisión del tratado, son aliados naturales de la continuidad, porque romper esas cadenas les costaría a ellas tanto como a México.
Es una forma más madura de entender el poder de negociación: no gritar que “nos necesitan”, sino mostrar, con evidencia, en cuántos puntos la economía estadounidense también necesita lo que México produce y compra.
La otra virtud que se ha hecho visible en este proceso es la capacidad de Ebrard para sostener una relación de trabajo funcional con la contraparte estadounidense, incluso en un contexto de presión política y arancelaria. Las rondas técnicas con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la reunión formal del 20 de julio y la tercera ronda de negociaciones iniciada apenas unos días después no son solo trámites diplomáticos: son la prueba de que México cuenta con un interlocutor capaz de sentarse, mesa tras mesa, a resolver diferencias técnicas sin que la relación se rompa ni se convierta en espectáculo.
Ese tipo de interlocución no genera notas espectaculares, pero es precisamente lo que necesita un país cuya economía está tan entrelazada con la de su vecino. La revisión anual del tratado, lejos de ser una amenaza existencial, se ha manejado como lo que en el fondo es: un mecanismo de ajuste que ya estaba previsto, que los mercados ya habían descontado y que no debería, si se conduce con la seriedad que hasta ahora ha mostrado el equipo mexicano, traducirse en una fuga de inversión ni en una ruptura de las cadenas productivas de Norteamérica.
Lo que distingue a Ebrard en este episodio no es la ausencia de presión —la hay, y es real— sino la decisión de no gobernar la política comercial del país desde la ansiedad. Mantener el enfoque en el interés nacional, documentar el peso de México como comprador y no solo como vendedor, y preservar canales de diálogo funcionales con Washington y Ottawa son, en conjunto, la definición de una diplomacia comercial responsable.
Es justo decir también que esta no es una historia cerrada ni exenta de riesgos. Hay quienes cuestionan si un esquema de revisiones anuales, en lugar de una certeza de largo plazo, deja a México en una posición de vulnerabilidad permanente frente a los cambios de humor político en Estados Unidos, y si el gobierno debió buscar garantías más firmes antes de aceptar ese formato. Es una crítica legítima y el tiempo dirá si el balance entre pragmatismo y firmeza fue el correcto. Pero en un entorno donde la tentación de la confrontación retórica está siempre a la mano, la apuesta por la mesura y los datos, más que por la reacción, es una señal de que alguien está pensando en el país a largo plazo y no en la ocurrencia del día.
@jlcamachov
