En días pasados, las comisiones del Senado de la República aprobaron, a propuesta del Ejecutivo, un dictamen que reforma la legislación en materia de propiedad intelectual. El argumento de Morena y sus aliados es que estas modificaciones son necesarias para cumplir con los compromisos del Capítulo 20 del T-MEC y fortalecer el combate a la piratería. Sin embargo, un análisis riguroso del texto revela disposiciones cuya ambigüedad representa una amenaza real a la libertad de expresión en nuestro país.
Nos referimos a la iniciativa conocida en la opinión pública como la “Ley Antimemes”. El dictamen propone sanciones desproporcionadas —hasta cinco años de prisión y multas que superan los 4 millones de pesos— para castigar el uso indebido de marcas, logotipos o la “suplantación de identidad institucional”.
El problema central no es el combate al fraude o a la piratería, que todos apoyamos, sino la ambigüedad jurídica. La redacción actual no diferencia claramente entre un acto de piratería comercial y el uso de imágenes institucionales con fines periodísticos, artísticos o de sátira política. Al no incluir excepciones explícitas para el uso legítimo o la parodia, se abre la puerta a que cualquier expresión crítica o humorística en internet, que utilice elementos gráficos del Estado, pueda ser tipificada como un delito.
El riesgo es evidente: la judicialización del debate público. Cuando las sanciones son tan severas y los criterios tan subjetivos, el resultado inevitable es la autocensura. Los ciudadanos, periodistas y creadores de contenido evitarán la crítica política por temor a enfrentar investigaciones penales o multas descomunales. Además, las plataformas digitales y proveedores de internet se verán obligados a eliminar contenidos de manera preventiva ante la amenaza de sanciones financieras.
La instrumentalización de leyes para restringir la libre expresión no es una práctica nueva a nivel internacional. En 2015, en Rusia, se utilizó una ley de protección de datos personales para prohibir la circulación de sátira política contra el Ejecutivo, argumentando protección a su “identidad”. En España, normativas sobre seguridad ciudadana se han aplicado para multar montajes fotográficos bajo el pretexto de proteger la imagen institucional.
El extremo de esta intolerancia lo observamos en China, donde el Estado llegó al absurdo de censurar sistemáticamente la imagen del conocido personaje infantil Winnie the Pooh, simplemente porque los ciudadanos lo utilizaban como un símil para mofarse del presidente.
Hacia ese abismo nos dirigimos si avalamos que, mediante artimañas y ambigüedades legales, el gobierno se arroge el poder de decidir qué expresiones gráficas son lícitas y cuáles deben ser perseguidas para proteger la fragilidad del régimen. Lo decimos con toda claridad: la libertad de expresión no puede quedar sujeta a la interpretación discrecional de la autoridad.
En el PRI, nuestra posición es categórica y votamos en contra de este despropósito y atentado manifiesto contra las libertades fundamentales de todos los mexicanos. Exigimos un marco jurídico que combata los ilícitos cibernéticos sin poner en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía. Seguiremos defendiendo las libertades democráticas y trabajando por un país donde la crítica y el debate público estén protegidos por la ley, en beneficio de la nación y de todas las familias mexicanas.
Un apunte final. Durante la votación de este dictamen en comisiones, quedó nuevamente en evidencia el papel de Movimiento Ciudadano. Fieles a su función de esquiroles, sus legisladores optaron por abstenerse. ¡Fuera máscaras! Frente a medidas que amenazan las libertades, abstenerse se traduce en apoyo directo a Morena. Con este tipo de acciones le hacen el trabajo sucio al oficialismo y confirman que, en los hechos, son empleados del régimen.
