Las acciones afirmativas son medidas que buscan reducir desigualdades históricas y ampliar las oportunidades de acceso a candidaturas y cargos públicos para grupos que han enfrentado barreras de representación política.
En la Ciudad de México ya podemos evaluar algunos de sus resultados. En las elecciones de 2024, 20 diputaciones y 56 concejalías fueron electas mediante estas medidas. En 2021 habían sido 19 diputaciones y 28 concejalías; en 2018, 12 y 25, respectivamente. En seis años, las concejalías ganadas por esta vía aumentaron 124%, al pasar de 25 a 56; la presencia de estas poblaciones en el Congreso también creció.
En 2018 se implementaron medidas para personas jóvenes, personas de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas y personas con discapacidad. Para 2021 se sumaron personas de la diversidad sexual y de género y personas afromexicanas. En 2024 se fijaron acciones obligatorias para seis grupos de atención prioritaria y por primera vez se incluyó a las personas mayores.
Estas medidas no han consistido solamente en sumar grupos. También se modificaron algunos criterios de acreditación. Por ejemplo, para las personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas, en 2018 bastaba con manifestar su pertenencia al grupo; en los procesos posteriores se exigieron elementos que demostraran un vínculo efectivo, documentado y comprobable con su colectividad. En 2024 también se fijaron requisitos específicos de acreditación para personas con discapacidad y personas afromexicanas.
Los resultados acumulados muestran el alcance de estas medidas. Entre los procesos de 2018, 2021 y 2024 se ganaron por acción afirmativa 51 diputaciones y 109 concejalías. De las diputaciones, 34 fueron para personas jóvenes. Cinco para personas de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas. Cinco para personas de la diversidad sexual y de género. Cuatro para personas con discapacidad. Dos para personas afromexicanas y una para una persona mayor. Además, 35 de esas 51 fórmulas electas correspondieron a mujeres.
El Colegio de México (Colmex) realizó un estudio sobre el tema a solicitud del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el cual arrojó información relevante. Entre 2018 y 2024, la proporción de candidaturas de grupos de atención prioritaria a diputaciones subió de 26.4% a 44.3%. Al mismo tiempo, su presencia en el Congreso creció de 18.2% a 30%.
Hay, por tanto, resultados verificables. Las acciones afirmativas han reducido barreras de acceso y aumentado la presencia de grupos históricamente subrepresentados en candidaturas y cargos públicos.
Sin embargo, una mayor presencia no garantiza por sí misma una representación sustantiva. Evaluarla tampoco puede limitarse al número de iniciativas presentadas o aprobadas. El trabajo de una persona representante también comprende la gestión en territorio, la vinculación con comunidades, la difusión de sus problemáticas y otras acciones que pueden beneficiar a las poblaciones representadas. Por ello, la evaluación debe considerar tanto indicadores cuantitativos como cualitativos.
Aquí surge un reto específico para 2027. El estudio recomienda mejorar su difusión usando herramientas institucionales como el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles, y también las campañas de los partidos. Esto permitiría que, en el próximo proceso electoral, la ciudadanía pueda ver con más claridad qué candidaturas fueron postuladas mediante una acción afirmativa, por cuál de ellas y cuáles son sus propuestas relacionadas con ese grupo de atención prioritaria.
La información serviría tanto antes como después de la elección. Antes, ayudaría a conocer mejor a las candidaturas y a votar con más información. Después, esa misma información permitiría seguir los compromisos asumidos y ver qué acciones llevan a cabo las personas electas en beneficio del grupo de atención prioritaria por el que fueron postuladas. Esto forma parte de un ejercicio de responsabilidad y rendición de cuentas. El estudio mismo dice que la representación sustantiva necesita sensibilidad, responsabilidad y rendición de cuentas hacia estos grupos.
Esto no significa que una persona elegida por una acción afirmativa represente solo a un grupo. Una diputación o una concejalía tiene responsabilidades ante toda la ciudadanía. Sin embargo, si estas medidas buscan ampliar la representación de poblaciones que han sido excluidas, es razonable que haya elementos públicos para conocer los compromisos hechos hacia ellas y luego evaluar sus resultados.
En tres procesos electorales, las acciones afirmativas sumaron grupos, cambiaron reglas y subieron la presencia de estas poblaciones en los órganos de representación. Para 2027, el siguiente paso no es solo contar cuántas personas llegan por estas medidas. Ahora se necesita tener información suficiente para saber quiénes llegan, qué proponen y qué hacen después de ser electas.
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