En México, más de 17 mil escuelas siguen sin acceso a agua segura. Frente a esta realidad, el programa “Escuelas con Agua” —impulsado por Fundación Coca-Cola México y la Industria Mexicana de Coca-Cola— se ha posicionado como una solución transformadora. Más que una respuesta asistencial, la iniciativa utiliza la captación de agua de lluvia como una herramienta efectiva para mejorar el entorno escolar de miles de estudiantes.
Para lograrlo, cuenta con aliados estratégicos como Rotoplas, cuya división de soluciones tecnológicas aporta el diseño y equipamiento necesarios; e Isla Urbana, que lidera la instalación y mantenimiento de los sistemas, garantizando funcionalidad y sostenibilidad en el tiempo.
El programa Escuelas con Agua ha llevado ya más de 600 Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) a comunidades escolares de todo el país. Estos avances, consolidados hasta mayo de 2024, trazan una ruta de expansión que busca llegar a muchas más en los próximos años.
Se sabe que estos sistemas recolectan entre 500 mil y un millón de litros de agua por ciclo, lo que asegura el abastecimiento durante la temporada de lluvias y el almacenamiento en época de sequía.
Más allá de la infraestructura, el modelo contempla talleres educativos para docentes, alumnos y familias, que promueven el uso consciente del agua y refuerzan la sostenibilidad comunitaria.
Contar con agua limpia y segura en las escuelas disminuye las interrupciones en clase, mejora la asistencia y tiene efectos positivos en el rendimiento académico. Cada sistema instalado representa una oportunidad de desarrollo, dignidad y bienestar para comunidades que durante años han vivido con servicios intermitentes.
Cada SCALL también incluye monitoreo satelital en tiempo real para detectar y resolver fallas. Además, están construidos con materiales de alta duración y una garantía de diez años, lo que otorga certidumbre y escalabilidad al programa. Así, se siembra en cada comunidad la convicción de que, con tecnología y colaboración, es posible cambiar su entorno.
Freno de mano a escombreros
Los transportistas de escombro en Nuevo León, que gobierna Samuel García, acusan al Instituto de Movilidad de extorsión y cobros ilegales que paralizan obras y elevan costos. La bonanza que presume el gobierno en obras de infraestructura contrasta con el maltrato a quienes sostienen la industria desde el pavimento. Y es que esta semana, los llamados “escombreros” alzaron la voz con bloqueos parciales en Monterrey para denunciar lo que consideran una cacería por parte del Instituto de Movilidad. Con cerca de 300 unidades activas en la región, el gremio afirma que sus operadores son objeto de multas desproporcionadas, extorsiones y retenciones arbitrarias. Las cargas regulatorias, que en algunos casos superan los 40 mil pesos, hacen inviable la operación diaria de muchos.
