Ejercer el poder sin contrapesos constitucionales, sin límites que los intereses personales y sin el mínimo equilibrio de un sistema de justicia que garantice autonomía institucional y libertad de criterio jurisdiccional, puede ser muy peligroso para el estado de derecho y el futuro de un estado democrático.
Una auténtica reforma al sistema de justicia, debe iniciar en la esfera de la procuración de justicia, atendiendo las complejas circunstancias en las que se opera la prevención del delito, la investigación y la procuración de justicia.
Es vital aclarar que muchas de las polémicas resoluciones de los jueces penales, obedecen a la deficiente investigación, o indebida integración de las carpetas de investigación judicializadas por la Fiscalías Generales de Justicia ; ya que atendiendo a principios constitucionales, principios de convencionalidad, respeto a los D.D.H.H. y a las formalidades del debido proceso, las personas juzgadoras, están obligadas por mandato de ley, a poner en libertad a presuntos miembros de la delincuencia organizada o generadores de violencia, que han obtenido su libertad aprovechando las contradicciones de un sistema de procuración de justicia, las lagunas de la ley y las deficiencias en un sistema de justicia que no protege a las víctimas del delito, que no resuelve con perspectiva de género, infancia o de adulto mayor, obsoleto y anacrónico que vive una crisis de credibilidad y confianza.
Debemos reconocer que este polémico proceso electoral esta contaminado por serias irregularidades constitucionales desde su origen, ya que se percibe más como una venganza personal o una estrategia institucional para colonizar las estructuras del Poder Judicial de la Federación y, como consecuencia natural, la desaparición del equilibrio constitucional de la división de poderes.
Es muy preocupante que participen en este inédito proceso electoral candidatos presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada, relacionados con agrupaciones religiosas, candidatos denunciados por la presunta comisión de diversos delitos, perfiles sin la capacidad personal, sin trayectoria institucional, sin experiencia profesional y sin la autonomía o libertad de criterio jurisdiccional.
Los verdaderos beneficiarios de esta maquiavélica reforma constitucional, serán los grupos de poder que logren designar o imponer a sus candidatos incondicionales mediante acordeones, estrategias de coacción o inducción al voto que les garanticen el triunfo electoral y como consecuencia les otorguen inmunidad institucional o impunidad jurisdiccional, bajo la premisa de jueces, magistrados y ministros leales a ciegas, ya que de no cumplir las instrucciones de sus padrinos o patrocinadores, pueden ser víctimas de las acciones disciplinarias de la versión moderna del “Tribunal de la Santa Inquisición” que ahora llevará el nombre de Tribunal de Disciplina Judicial.
El Poder Judicial requiere un cambio de fondo, pero mediante una reforma que fortalezca la autonomía e independencia de sus jueces, magistrados y ministros, una auténtica reforma que atienda el preocupante rezago de más de 56 mil expedientes sin resolver, ya que de acuerdo con el estándar internacional establecido por la OCDE deben haber 65 personas juzgadoras(jueces) por cada 100 mil habitantes, pero en México, solo tenemos solo 4.4 por cada 100 mil habitantes, en México se requiere de una verdadera reforma que combata el tráfico de influencias, erradique la corrupción, el abuso de poder y cambie la percepción de injusticia e impunidad que padecen millones de víctimas de un sistema de justicia anacrónico y muy poco ajustado a la nueva realidad y dinámica de las nuevas tecnologías.
En conclusión para millones de mexicanos, esta designación o imposición será el fraude electoral más descarado en la histórica de México.
Será una elección corporativa, la mayoría de los ciudadanos no tienen interés en los aspirantes a cargos judiciales y tampoco pretenden salir a votar, ya que lo consideran un acto de legitimación o complicidad en un fraude electoral que esta vestido y maquillado de elección popular.
*El autor es doctor en Derecho
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