Hace algún tiempo, a propósito del presupuesto participativo en Ciudad de México, compartí algunas experiencias de cómo se realiza este ejercicio en otras partes del mundo. Este mecanismo, nacido en Portalegre, Brasil, que permite que la ciudadanía forme parte de la toma de decisiones respecto al presupuesto público, se extendió en varias partes del mundo, y México no fue la excepción.
El argumento de fondo es concreto: cuando los vecinos deciden si el recurso se va en un parque o en la rehabilitación de un centro comunitario, el gasto se ajusta a lo que la gente realmente necesita y no a lo que supone una oficina. Además, obliga a la autoridad a rendir cuentas sobre una bolsa específica, mejora la calidad de vida de las personas y les dota de un elemento de unidad para decidir las mejoras de los espacios públicos.
En México, el presupuesto participativo funciona más o menos con la misma lógica en todas las entidades; la autoridad convoca una consulta anual, las y los vecinos registran proyectos para su colonia, un órgano técnico dictamina cuáles son viables y la ciudadanía vota cuál se ejecuta al año siguiente. La diferencia entre entidades está en cuánto dinero se reparte y en quién organiza el proceso.
De las 32 entidades, solo 14 lo contemplan en su ley. Aguascalientes, Baja California, Campeche, la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora. En el resto, la participación se canaliza por plebiscito, referéndum o consulta popular, pero no existe el derecho a decidir sobre una parte del presupuesto.
Los montos varían mucho. Aguascalientes y la Ciudad de México destinan 4% de su presupuesto de egresos; Chihuahua, al menos 5%; Guerrero, 3%; Campeche, hasta 2.5%; Michoacán, entre 2 y 5%; Jalisco y Chiapas llegan a 15%, aunque calculado sobre el presupuesto de inversión pública. Seis entidades no fijan porcentaje y lo dejan a lo que decida cada municipio, lo que en la práctica permite que el monto sea simbólico o incluso nulo.
También cambia quién organiza. En seis estados, que son Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, el organismo electoral local organiza la consulta, le da certeza y cuenta los votos. En otros seis solo brinda apoyo técnico. En Nuevo León la ley obliga a cada ayuntamiento a emitir su propio reglamento y a fijar los montos según sus ingresos, de modo que Monterrey y San Pedro definen reglas distintas. En Jalisco la decisión pasa por un consejo ciudadano integrado por funcionarios, un diputado, un consejero electoral y representantes de la academia y la iniciativa privada. Esa dispersión revela que el mecanismo todavía no tiene una forma común en el país.
La capital cuenta con una Ley de Participación Ciudadana desde 1995, y el presupuesto participativo se ejerce en toda la ciudad, de forma ininterrumpida, desde principios de la década pasada. La norma que lo rige hoy es la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, de 2019. El IECM, lo organiza y computa los resultados, y las consultas son vinculantes, de modo que el proyecto ganador en cada colonia debe ejecutarse. Por su tamaño y su obligatoriedad, el ejercicio capitalino suele citarse como el primero de gran escala en el continente, y de ahí se extendió hacia otras entidades.
Sin embargo, la ley no garantiza la práctica. En la propia capital persiste el riesgo de que estos espacios se conviertan en estructuras clientelares. El problema deja de ser legislar el mecanismo y pasa a ser que funcione; que la convocatoria llegue, que la información sea clara y que alguien vigile el gasto.
Que 14 entidades ya lo reconozcan importa. Decidir sobre el dinero público no es una concesión del gobierno sino un derecho, y conviene que más vecinos se animen a ejercerlo.
