La Ciudad de México vive una contradicción histórica. Somos una metrópoli de casi 22 millones de personas, moderna y pujante, pero seguimos confrontando decisiones del pasado que han hipotecado nuestro entorno natural, nuestra agua y nuestra salud. Entre estas decisiones, el uso de vertederos a cielo abierto y tiraderos informales no es un detalle menor: es una herida abierta en la estructura ecológica de la capital.
Aun cuando la mayoría de los residuos deberían gestionarse en sistemas controlados, la realidad es que un porcentaje escalofriante de los desechos sólidos de México termina en tiraderos a cielo abierto. En el esquema nacional, aproximadamente el 87 % de la basura termina en este tipo de sitios y solo el 13 % va a rellenos sanitarios adecuadamente manejados.
En la Ciudad de México, aunque oficialmente se han clausurado algunos de los vertederos más notorios como el Bordo de Xochiaca, cuya huella considera décadas de operación irregular e impactos a la salud y al suelo, todavía persisten focos de tiraderos, descargas clandestinas en barrancas y espacios urbanos sin control ambiental.
El suelo y el agua que hoy vemos deteriorarse no son temas aislados: son parte de un proceso mucho más profundo de degradación ecológica que comenzó hace siglos. Antes de la llegada europea, el Valle de México estaba cubierto por una red de cinco grandes lagos Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango y Xaltocan que mantenían un equilibrio hídrico, climático y biológico extraordinario.
Estos lagos no solo eran masa de agua: eran el corazón de un sistema socio-ambiental capaz de sostener a cientos de miles de personas con agricultura chinampas y recursos naturales dinámicos. Con la colonización, y especialmente desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX y XX, la respuesta del Estado frente a las inundaciones fue desecar sistemáticamente ese método lacustre mediante obras hidráulicas como el desagüe.
El propósito era urbano, pero el resultado fue ecológico: la desaparición casi total de los lagos que regulaban el clima, que recargaban acuíferos y que sostenían una biodiversidad única. Hoy, los vertederos a cielo abierto reutilizan espacios que alguna vez fueron agua viva o bordes de humedales. Espacios que, en otra era, absorbían, filtraban y devolvían vida al agua. En lugar de eso, ahora son depósitos de basura donde sustancias tóxicas se infiltran al suelo, contaminan acuíferos y ponen en riesgo la salud de quienes viven cerca.
Esta transición de agua a tierra muerta refleja con brutal claridad cuánto hemos descuidado nuestra función como gestores de un entorno sostenible. La relación entre vertederos inadecuados y la desaparición de los lagos no es una metáfora: es causal. Cuando los cuerpos de agua desaparecieron, también lo hizo el gran amortiguador que mitigaba impactos ambientales, absorbía nutrientes y procesaba residuos orgánicos de forma natural.
Al perder ese sistema, la ciudad se quedó sin una infraestructura ecológica fundamental y, en su lugar, se cayó en soluciones insostenibles como enterrar residuos donde antes fluía agua que ahora nos cuestan ambiental y socialmente. No se trata solo de un discurso técnico: se trata de reconocer que la CDMX como sociedad debe reconectar con su pasado acuático y ecológico para imaginar un futuro habitable.
Recuperar la gestión integral de residuos, promover sistemas de aprovechamiento y tratamiento, cerrar definitivamente los vertederos a cielo abierto y transformar nuestros espacios urbanos en infraestructuras verdes, es también un acto de justicia ambiental para quienes han sufrido los impactos desiguales de la contaminación.
Como diputada ambientalista, estoy convencida de que la restauración de nuestra ciudad debe incluir la recuperación de funciones ecológicas. Porque si México-Tenochtitlan fue posible gracias al agua, una ciudad sostenible también lo será gracias a cómo gestionemos el agua, la tierra, nuestros residuos y la memoria de nuestros lagos.
