En seguridad pública no hay margen para titubeos. Los resultados se construyen con decisiones de fondo y ajustes oportunos.
Bajo esa lógica, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, decidió fortalecer su estrategia con un movimiento quirúrgico y políticamente calculado: colocar al frente de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) a un perfil de inteligencia, no de ocurrencia; de coordinación, no de aislamiento, con el objetivo de elevar la eficacia en materia de seguridad.
El nombramiento de Pablo Nivardo Aguilera Casados no es un simple relevo administrativo. Representa un golpe de timón en la estrategia de seguridad municipal y una señal inequívoca de que Cuernavaca se alinea al modelo que hoy marca la pauta a nivel nacional: inteligencia, análisis criminal y cooperación interinstitucional.
Urióstegui entiende que la seguridad ya no se gana con patrullajes reactivos ni discursos voluntaristas, sino con información, tecnología y mando claro.
El trasfondo político es aún más contundente. Este ajuste coloca a Cuernavaca en sintonía directa con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y eje operativo del Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En términos reales, el alcalde decidió que la capital de Morelos no juegue en solitario, sino dentro del esquema nacional de seguridad, donde la inteligencia y la coordinación con fuerzas federales son la regla, no la excepción.
Aguilera Casados llega con credenciales que pesan: formación en criminología y política criminal, experiencia en análisis de información y vínculos con instancias estratégicas de la Sedena, la Marina y agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.
No es un perfil político; es un operador técnico para una etapa que exige resultados, no excusas. Su mensaje es claro: prevenir antes que reaccionar, fortalecer la presencia territorial y recuperar la confianza ciudadana.
El movimiento fue leído de inmediato por el sector empresarial, que no suele regalar avales. El Consejo Coordinador Empresarial Morelos y la Canacope-Servytur Cuernavaca otorgaron su voto de confianza al alcalde. El respaldo no es gratuito: es una exigencia directa de resultados inmediatos.
En política, la seguridad define gobiernos. Urióstegui lo sabe y por eso decidió mover la pieza clave del tablero. Con este nombramiento, Cuernavaca consolida una visión donde la seguridad se asume como estrategia de Estado, no como trámite municipal.
A este movimiento se suma otro factor que explica la ruta del alcalde: la coordinación entre municipios. José Luis Urióstegui Salgado se ha convertido en uno de los principales promotores de la articulación institucional entre alcaldes de Morelos, convencido de que la inseguridad no reconoce fronteras administrativas y exige respuestas regionales, no aisladas.
Desde esa lógica, Cuernavaca ha impulsado esquemas de intercambio de información, operativos conjuntos y comunicación permanente entre municipios, con el respaldo de instancias estatales y federales.
La apuesta es clara: construir un frente común que permita anticipar riesgos, compartir inteligencia y cerrar espacios a la delincuencia en la zona metropolitana y en los corredores estratégicos del estado.
A partir de ahora, el margen de tolerancia se reduce. El movimiento está hecho, la estrategia definida y los respaldos políticos alineados. En seguridad no hay pretextos ni tiempos largos: hay resultados o hay costos.
José Luis Urióstegui Salgado decidió asumir esa responsabilidad y colocar a Cuernavaca en el tablero nacional de la seguridad. El siguiente capítulo ya no será de discursos, sino de cifras, percepción ciudadana y control territorial. Ahí es donde se medirá el alcance real de esta decisión.
En Cortito: Nos cuentan empresarios de Morelos que han comenzado a plantear una exigencia que ya circula con fuerza en los círculos de decisión del estado: la gobernadora Margarita González Saravia debería tomar en cuenta el movimiento realizado en Cuernavaca y actuar con la misma determinación.
La solicitud es clara: remover a la brevedad al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ante la percepción generalizada de que los resultados en materia de seguridad no han sido los esperados.
La comparación es inevitable y políticamente incómoda. Mientras en Cuernavaca el alcalde decidió ajustar y asumir el costo de mover una pieza clave, a nivel estatal la inseguridad continúa acumulando reclamos sin que se observe un golpe de timón similar.
Para el sector empresarial de Morelos, el mensaje es contundente: cuando la inseguridad persiste y los resultados no llegan, la permanencia de los responsables deja de ser una decisión técnica y se convierte en un problema político.
